manifiesto «no a la agresión militar contra cuba»

https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20260601/123137/123137-manifiesto-no-a-la-agresion-militar-contra-cuba-es-respaldo-en-universidades-y-comunidad-cientifica-del-estado-espanol-adhesiones

«Ante la escalada de amenazas y el discurso belicista que promueve el Gobierno de los Estados Unidos contra la República de Cuba, quienes abajo firmamos, integrantes del profesorado y del personal de universidades y centros de investigación, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier forma de agresión militar.

Los recientes pronunciamientos del presidente estadounidense Donald Trump, así como las declaraciones de su secretario de Estado, Marco Rubio, que califican a Cuba como una «amenaza a la seguridad nacional» y reavivan públicamente el espectro de una intervención armada, constituyen una violación de los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Este discurso viene acompañado de hechos que evidencian una preparación para la guerra, tales como el envío del grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz al Caribe y la reciente imputación del expresidente Raúl Castro por supuestos hechos ocurridos hace 30 años.

La amenaza de una intervención militar por parte de la mayor potencia del planeta contra una pequeña isla no solo tendría consecuencias incalculables para la paz y la estabilidad regional, sino que supone de por sí un crimen internacional en su fase de formulación.

En el ámbito académico y universitario, no podemos permanecer impasibles ante la construcción de un relato que allana el camino hacia la guerra. Condenamos el uso de la desinformación y la presión mediática como armas al servicio de una agresión imperialista. Exigimos el cese inmediato de las amenazas, el fin del criminal bloqueo económico y energético que asfixia al pueblo cubano, y el pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de Cuba.

Frente a la lógica de la fuerza, reivindicamos el diálogo, la cordura y la paz.

Cuba no está sola.»

contra la criminalización de la protesta climática

https://educacionantifascista.org/2026/05/28/frente-a-la-criminalizacion-de-la-protesta-climatica-y-la-persecucion-de-quienes-defienden-la-vida/

Frente a la criminalización de la protesta climática y la persecución de quienes defienden la vida

Desde la Internacional Antifascista de Educación manifestamos nuestro apoyo absoluto y nuestra solidaridad con el filósofo, profesor y activista ecosocial Jorge Riechmann, así como con todas las personas represaliadas por participar en acciones de protesta climática pacífica.

Nos parece profundamente alarmante que, en pleno agravamiento de la emergencia climática, quienes alertan sobre el colapso ecológico y defienden el derecho colectivo a la vida digna puedan enfrentarse a penas de cárcel. La criminalización de la desobediencia civil no violenta constituye un grave retroceso democrático y un intento evidente de disciplinar, intimidar y silenciar a quienes cuestionan un modelo económico ecocida e incompatible con la sostenibilidad de la vida como es el capitalismo.

Este no es un caso aislado. Estamos asistiendo a un proceso cada vez más preocupante de judicialización de la protesta social y de persecución de voces críticas, mientras los verdaderos responsables de la devastación ambiental continúan actuando con impunidad. Se persigue a quienes denuncian el desastre, no a quienes lo provocan. Se castiga a quienes defienden el planeta, no a quienes lo destruyen.

Muchos de los avances democráticos y sociales han sidoposibles gracias a la desobediencia civil, a la movilización social y a la valentía de quienes se negaron a aceptar la injusticia como normalidad. Hoy, quienes alzan la voz frente al colapso climático cumplen una función ética, pedagógica y democrática imprescindible.

Resulta especialmente grave que se pretenda convertir en delincuentes a profesorado, investigadores, intelectuales y activistas comprometidos con el bien común. Defender la Tierra no es delito. Delito es destruir las condiciones materiales que hacen posible la vida. Delito es normalizar un modelo basado en el saqueo ecológico, la desigualdad y el sacrificio del futuro de las próximas generaciones.

Nos preguntamos: ¿hasta cuándo vamos a soportar impávidos la persecución de quienes luchan pacíficamente por la justicia climática y social? ¿Hasta cuándo se utilizarán mecanismos judiciales y represivos para intentar desactivar la protesta legítima y el pensamiento crítico?

Desde la Internacional Antifascista de Educación denunciamos este intento de amedrentamiento contra el movimiento ecosocial y reafirmamos nuestro compromiso con una educación crítica, emancipadora y comprometida con la defensa de la vida, la democracia y los derechos humanos.

Exigimos el fin de la criminalización de la protesta climática y reclamamos garantías efectivas para el ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y desobediencia civil pacífica.

Porque cuidar la Tierra no es delito.

Porque alertar del desastre no puede ser castigado.

Porque defender la vida nunca será un crimen.

juicios climáticos: comunicado de apoyo desde la Internacional Antifascista de Educación

Frente a la criminalización de la protesta climática y la persecución de quienes defienden la vida

Desde la Internacional Antifascista de Educación manifestamos nuestro apoyo absoluto y nuestra solidaridad con el filósofo, profesor y activista ecosocial Jorge Riechmann, así como con todas las personas represaliadas por participar en acciones de protesta climática pacífica.

Nos parece profundamente alarmante que, en pleno agravamiento de la emergencia climática, quienes alertan sobre el colapso ecológico y defienden el derecho colectivo a la vida digna puedan enfrentarse a penas de cárcel. La criminalización de la desobediencia civil no violenta constituye un grave retroceso democrático y un intento evidente de disciplinar, intimidar y silenciar a quienes cuestionan un modelo económico ecocida e incompatible con la sostenibilidad de la vida como es el capitalismo.

Este no es un caso aislado. Estamos asistiendo a un proceso cada vez más preocupante de judicialización de la protesta social y de persecución de voces críticas, mientras los verdaderos responsables de la devastación ambiental continúan actuando con impunidad. Se persigue a quienes denuncian el desastre, no a quienes lo provocan. Se castiga a quienes defienden el planeta, no a quienes lo destruyen.

Muchos de los avances democráticos y sociales han sido posibles gracias a la desobediencia civil, a la movilización social y a la valentía de quienes se negaron a aceptar la injusticia como normalidad. Hoy, quienes alzan la voz frente al colapso climático cumplen una función ética, pedagógica y democrática imprescindible.

Resulta especialmente grave que se pretenda convertir en delincuentes a profesorado, investigadores, intelectuales y activistas comprometidos con el bien común. Defender la Tierra no es delito. Delito es destruir las condiciones materiales que hacen posible la vida. Delito es normalizar un modelo basado en el saqueo ecológico, la desigualdad y el sacrificio del futuro de las próximas generaciones.

Nos preguntamos: ¿hasta cuándo vamos a soportar impávidos la persecución de quienes luchan pacíficamente por la justicia climática y social? ¿Hasta cuándo se utilizarán mecanismos judiciales y represivos para intentar desactivar la protesta legítima y el pensamiento crítico?

Desde la Internacional Antifascista de Educación denunciamos este intento de amedrentamiento contra el movimiento ecosocial y reafirmamos nuestro compromiso con una educación crítica, emancipadora y comprometida con la defensa de la vida, la democracia y los derechos humanos.

Exigimos el fin de la criminalización de la protesta climática y reclamamos garantías efectivas para el ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y desobediencia civil pacífica.

Porque cuidar la Tierra no es delito.

Porque alertar del desastre no puede ser castigado.

Porque defender la vida nunca será un crimen.

Internacional Antifascista de Educación

Mayo de 2026

26 de mayo de 2026, madrid: tuvo lugar el juicio por la acción del 7 de octubre de 2019

Nuestro caso (Marina, Paco y yo) quedó visto para sentencia, y es un poco ocioso especular sobre qué ocurrirá… Pero esperemos que no se dé crédito a la falsa versión de los hechos de la policía (no hubo ninguna «resistencia grave a la autoridad»), y seamos absueltos.

La cuestión de fondo es que, como en tantos otros ámbitos de esta sociedad disfuncional nuestra, los medios devoran a los fines: en un juicio así no puede ni mencionarse el peligro existencial del calentamiento global (que motivó nuestra protesta el 7 de octubre de 2019), y todo se reduce a calibrar si usted se levantó o no del suelo con la debida diligencia cuando los policías antidisturbios querían abrir el paso al tráfico rodado con la máxima urgencia posible.

Amigos, amigas, miremos hacia la Luna en vez de quedarnos embobados mirando el dedo. Miremos hacia arriba (desoyendo la intimación del sistema que resuena cada vez con más fuerza: Don’t Look Up). En torno a los juicios climáticos de estos días, de estos meses, se dirimen dos enormes –gigantescas– cuestiones: 1) la degradación acelerada de la democracia y 2) el avance rápido hacia un planeta Tierra inhabitable para los eres humanos. Hacia eso hay que mirar, y no cejar en nuestros esfuerzos.

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Juicios contra activistas climáticos: quieren convertir la protesta pacífica en delito. Intervención en el programa de la SER «A vivir que son dos días», 30 de mayo de 2026:

https://cadenaser.com/audio/1780124105109/

«Jorge Riechmann, un filósofo a la espera de sentencia»: intervención en el programa de R5 «Reserva natural», 31 de mayo de 2026:

https://www.rtve.es/play/audios/reserva-natural/jorge-riechmann-filosofo-espera-sentencia/17091863/

https://mastodon.social/@enriquesantiago/116639955070609719

https://www.publico.es/sociedad/m-ambiente/filosofo-alerto-desastre-climatico-podria-carcel-quieren-matar-mensajero.html

https://x.com/anticapiMadrid/status/2059239650745586082

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/arranca-juicio-tres-activistas-bloqueo-puente-castellana

https://youtu.be/Wx-ToL1_Kj8?si=PIgR4nbS8aIOJYU9

https://www.elperiodico.com/es/tendencias21/20260527/tres-activistas-climaticos-juzgados-madrid-130698654

https://x.com/PoderPopularWeb/status/2059540619035295765

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https://www.15-15-15.org/webzine/2026/02/12/nos-adherimos-al-llamamiento-contra-la-criminalizacion-de-la-protesta-climatica/

Comenta Aurora Despierta: «La peor faceta de esta represión, además del coste personal, es que, si no hay una protesta generalizada, puede sentar un serio precedente para alentar futuras medidas represivas con el objeto de desalentar la lucha por salvarnos de la catástrofe climática y medioambiental en general, que es el verdadero asunto de fondo de todo esto, la cuestión esencial, existencial, y no supuestas infracciones legales en las que no está en juego nada importante, salvo un mal entendido sentido de la autoridad y que, por ello, son menudencias.
De hecho, se ha producido ya un gran parón en las movilizaciones por el clima, a raíz del obstáculo que supuso la pandemia de la covid-19 desde 2020. Y eso ha redundado en un empeoramiento del estado del planeta (más emisiones de CO2, etc.) y del peligro para el futuro de la humanidad. El castigo penal, solo puede contribuir a ese efecto paralizante y sus nefastas consecuencias.
Si el Estado de verdad estuviese por la defensa de nuestra supervivencia, pondría todos sus medios en eso, y no su celo en entorpecer y castigar a quienes luchan por ella ante la irresponsabilidad consciente y escandalosa de los empresarios y la pasividad cómplice del Estado. El Estado, en vez de perseguir con contundencia a los grandes empresarios y otras autoridades con evidentes responsabilidades en la catástrofe en la que ya estamos inmersas, lo hace con quienes, sin violencia, se oponen a ello ante la pasividad del Estado. No debiera haber castigo para estos, e impunidad para aquellos, porque la justicia tenga una lupa para quienes protestan y un punto ciego para quienes contaminan al amparo de la ley.
Los poderosos, para imponerse, no necesitan alterar el orden, se sirven de él, normalizando la situación. Sus víctimas, si aspiran a ser atendidas, se ven presionadas a romper esos límites de la «normalidad», pasando entonces a convertirse en el supuesto peligro, la amenaza, los malos de la película. Además de víctima, culpabilizada, demonizada y criminalizada.
Así, el Estado y la justicia, demuestran, en los hechos, de qué lado está, y que en vez de ser parte de la solución, prefiere ser parte activa del problema. Las generaciones futuras tendrán memoria de esto, de que, en los tiempos críticos, cuando la situación era casi desesperada, la justicia no fue justa, no estuvo del lado de nuestra salvación, sino dificultándola, contribuyendo a la llegada de la catástrofe que nos amenaza hasta con la extinción (si incluimos la guerra en preparación, y la guerra nuclear como su consecuencia), y ganándose así su definitivo descrédito.
Un paso mínimo, aunque insuficiente, en la dirección correcta (para no empeorar las cosas), sería la absolución de todos los encausados.

En refuerzo de la opinión expresada anteriormente, un asunto relevante. La justicia española debiera tener en cuenta la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de la ONU, sobre la responsabilidad de los Estados ante el calentamiento global, y en consecuencia, el derecho que tenemos los ciudadanos para reclamarla. Véase el artículo en esta revista https://www.15-15-15.org/webzine/2025/12/18/obligacion-del-estado-de-mitigar-el-cambio-climatico-la-opinion-consultiva-de-la-corte-internacional-de-justicia/#comment-438212
La responsabilidad principal está en el Estado, no en la reclamación ciudadana para que se cumpla y lo que haga para ser atendida de verdad y pronto. No se debería poner el acento en la responsabilidad de la ciudadanía, habiendo negligencia en sus responsabilidades, por parte del Estado. Cuando además, en la ciudadanía, esa exigencia recae, con mucho peso, sobre las espaldas de personas físicas, muy vulnerables; pero la responsabilidad del Estado, aunque se admita, es más fácil de diluir entre instituciones, legislaturas, diferentes gobiernos, etc., y que, finalmente, no haya ninguna persona que responda de nada, a lo más, algún cese de cargo. El Estado que incumple su deber no puede terminar en la cárcel, pero el ciudadano que lo exige desesperado y exasperado, sí, porque es muy fácil que, incluso sin violencia, trasgreda alguno de los muchos límites que, para él, con excesivo rigor, establece la ley. Y ello, pese a que el perjuicio que haya podido causar la protesta ciudadana, más si ha sido pacífica, sea de imposible comparación con el que podría causar el Estado, al estar en dimensiones totalmente diferentes, siendo la de éste, medible en muchos centenares de años incluso más, para miles de millones de personas, y con innumerables pérdidas materiales. ¿Duro castigo para unos e impunidad, de hecho, para otros?. Sería injusto. Menuda paradoja: la aplicación por el Estado, del castigo de la ley, por una cuestión muy menor, para quien protesta por el incumplimiento por el Estado, de la ley y obligación moral e histórica, ante su país y la Humanidad, del mayor rango imaginable (junto con la de impedir la guerra nuclear). En ese caso, el Estado se estaría sirviendo de la ley, contra la ciudadanía, para él poder incumplir, impunemente, con la ley o principio de justicia de infinito mayor rango, se mire como se mire.
¿Cuántas veces ha demostrado la historia, por todo el mundo, que la razón estaba de parte de quienes, por defenderla (como durante el franquismo), fueron tratados como delincuentes, y hasta muertos por ello?. Pero no buscamos que, a posteriori, la historia nos lo confirme, si es al precio de una catástrofe para la Humanidad; ni tampoco que, finalmente, supuestamente, se pudiese juzgar a los verdaderos máximos responsables (si todavía viviesen); sino que ahora no se incurra en ese error y se contribuya así a evitar el posterior horror. Por tanto, ¡absolución de todos los encausados!.
Y luego las preguntas. ¿Podemos confiar y queda tiempo ya para esperar que el Estado asuma de verdad su responsabilidad climática?. ¿Será el Estado el que deba responder ante los tribunales?. ¿Qué se puede esperar del sistema de justicia?. Véase esta noticia https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/constitucional-admite-demanda-reactiva-juicio-clima ; https://www.rtve.es/noticias/20241217/constitucional-primer-litigio-inaccion-climatica-espana/16375968.shtml ; https://www.rtve.es/noticias/20240408/litigios-climaticos-tribunales-europa-banquillo-acusados/16047121.shtml .
Un buen lugar para ir haciendo un seguimiento de este asunto, es el blog de Jorge Riechmann https://tratarde.org/ . Riechmann ha dado esta reciente entrevista https://www.lavanguardia.com/natural/20260216/11466548/jorge-riechmann-filosofo-carcel-protestar-inaccion-climatica.html »

 

 

 

una entrevista para ‘izquierda diario’: frente a peligros existenciales, haría falta unir fuerzas para transformar el sistema

Jorge Riechmann: «Frente a peligros existenciales, haría falta unir fuerzas para transformar el sistema»

https://www.izquierdadiario.es/Jorge-Riechmann-Frente-a-peligros-existenciales-haria-falta-unir-fuerzas-para-transformar-el

Irene Olano, 25 de mayo de 2026

El 26 de mayo se juzgará en Madrid a tres activistas climáticos, entre ellos el profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid Jorge Riechmann, por una acción de desobediencia civil pacíficas realizada en el otoño de 2019. Ese día habrá una concentración frente al juzgado en apoyo a los activistas, reclamando el derecho a la protesta y denunciando la creciente represión contra el activismo. Hablamos con Riechmann sobre su causa.

 

  1. Te enfrentas a dos juicios por acciones de desobediencia civil. En el primero se te acusa de resistencia a la autoridad por el corte de calle de 2019, y en otro de atentar contra el patrimonio histórico por la acción de Rebelión Científica en el Congreso en 2022. ¿Podrías explicar cómo fueron esas acciones?

Jorge Riechmann. Sí. Quizá lo que tiene más sentido es recordar cómo, en aquel momento, en 2018 y 2019, hubo una oleada de movilizaciones climáticas muy importante. Fue un momento en el que parecía que iba reuniéndose fuerza social suficiente como para lograr cierto cambio de rumbo.

Además, seguramente representó una experiencia decisiva para mucha gente muy joven. Aquellos fueron los años, 2018 y 2019, en los que esta cuestión llegó con fuerza a los institutos: el ejemplo de Greta Thunberg, Fridays for Future… Parecía que toda una generación iba a incorporarse por ese camino a las luchas ecosociales.

Luego, por desgracia, llegó 2020, con el encierro pandémico y todos los efectos negativos que ha tenido. Aquella oleada de movilización se detuvo bastante en seco. Pero 2019 fue un momento en el que parecía importante echar toda la carne en el asador, si es que se podía.

En ese marco tuvo lugar aquel corte, entre las muchas acciones que se estaban desarrollando en todo el mundo. En Madrid cortamos el tráfico en el puente elevado sobre la Castellana, cerca de Nuevos Ministerios. Allí coincidimos unas trescientas personas que veníamos de distintos contextos, asociaciones y grupos.

Fue una acción organizada por Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion que salió muy bien. Conseguimos llegar hasta lo alto del puente, lo cerramos y aguantamos allí un tiempo, entre una hora y media y dos horas, hasta que nos fueron desalojando poco a poco. Aquello se prolongó también en una acampada junto a Nuevos Ministerios, frente al Ministerio de Transición Ecológica, que trató de ejercer presión sobre el Gobierno para lograr una gestión climática un poco más decidida. Ese fue el contexto y el desarrollo de la primera de esas dos acciones.

En el caso de la segunda, en la primavera de 2022, se trataba ya de un momento algo diferente, pero con la conciencia de que la situación ecológico-social en general, y climática en particular, seguía degradándose muy rápidamente. Y también con la conciencia de que las respuestas que supuestamente estaban dando las autoridades, las empresas y buena parte de los actores sociales no estaban ni de lejos a la altura de lo necesario.

En ese momento, lo específico fue el intento de movilizar también a investigadores e investigadoras. A partir de Rebelión Científica se formó esa iniciativa, que fue la convocante de la acción de abril de 2022. Unas pocas decenas de personas, unas setenta u ochenta, conseguimos acercarnos con éxito, sin ser descubiertas, hasta el Congreso de los Diputados.

Allí la forma de protesta consistió, por un lado, en arrojar un líquido biodegradable (que simulaba sangre) sobre las escaleras y las columnas del Congreso. Después hicimos una sentada, con materiales y pancartas, y mantuvimos esa forma de protesta hasta que también nos fueron retirando poco a poco.

En la primera de esas acciones nos detuvieron finalmente a tres personas, que somos las que afrontaremos el juicio del 26 de mayo: Paco del Pozo, Marina M. Martínez y yo. En la segunda acción fuimos detenidas quince personas, y un poco más adelante también seremos enjuiciadas por esa acción.

  1. Sobre todo en relación con la primera causa, de la que hace ya siete años, ¿cómo interpretas políticamente que se persiga al movimiento ambiental, que os detuvieran a tres personas y que ahora os lleven a juicio?
  2. En muchos sentidos vivimos en un mundo al revés. En una especie de gran inversión de las cosas: y esto es una pequeña manifestación de ello. Hay otras mucho más enormes, que tienen que ver con la gestión de la economía, con la organización política o con los contrasentidos culturales. Pero esto también es una pequeña manifestación de esa suerte de mundo al revés en el que estamos viviendo.

Podríamos verlo con un poco de distancia. A veces imaginamos: si bajara un platillo volante con marcianos y nos observaran, ¿de qué manera interpretarían esto? Frente a lo que es realmente un peligro existencial, donde lo que nos estamos jugando es la habitabilidad de la Tierra para seres como nosotros —una de cuyas manifestaciones, la más visible, es el calentamiento global, aunque es solo una—, frente a ese riesgo existencial en el cual ni siquiera está excluida, por desgracia, la extinción de la especie, haría falta ser capaces de unir fuerzas para transformar el sistema.

Haría falta avanzar hacia una transformación sistémica sin la cual no hay salida frente a estos problemas. En lugar de eso, lo que tenemos es una represión creciente de muchas protestas ecologistas en buena parte del mundo: en el norte y en el sur. De manera mucho más despiadada y brutal en el sur, pero también de forma creciente en el norte, con la introducción de legislación pensada justamente para la represión de esta clase de protesta. Así nos dañamos a nosotros mismos como sociedad.

  1. Esta causa llega en un momento en el que vemos muchos casos distintos de represión. Pienso, por ejemplo, en los trabajadores del metal de Cádiz, que están peleando no solo por sus derechos laborales, sino también contra las listas negras que les impiden volver a trabajar. Están las 7 de Somosaguas, encausadas por la extrema derecha. Han estado las de La Suiza. En Zaragoza también han sido encarcelados chavales por protestar contra Vox. Ahora hay una nueva causa contra dos profesores de Zaragoza por tirar unos dardos, en una fiesta popular, contra la cara de Abascal y de otros líderes de la derecha internacional, a modo de broma. A las 8 de Becerril van a juzgarlas por participar en el boicot a Israel durante La Vuelta ciclista, en septiembre de 2025. Y también está la represión al movimiento democrático catalán, con infiltraciones y todo tipo de prácticas. Los institutos catalanes están ahora enfrentándose con la posibilidad de tener mossos en los centros.

¿Ves alguna lógica compartida en estos casos de represión?

  1. Vivimos en Estados donde hay un aparato de Estado que no cambia mucho cuando cambian los gobiernos, y que tiene como función principal mantener el orden existente. Lo de Catalunya impresiona. Y no solo por las huelgas (junto a las de ahora mismo en el País Valenciano). El hecho de que la convivencia en lugares como los institutos parezca degradarse tanto debería hacernos pensar mucho. ¿Qué tipo de sociedad hace falta tener, o considerar razonable, para poner policía dentro de los institutos? Asistimos a todas esas formas de represión frente a cuestionamientos del orden existente, y sí creo que hay una conexión entre ellas.

Viéndolo con un poco de perspectiva, lo que sucede también es que nos encontramos en una fase de esto que yo llamo el «Siglo de la Gran Prueba». Una fase en la que los problemas se van agudizando, se van haciendo más intratables y afectan también de forma más directa a la vida cotidiana de la gente.

Por ejemplo, los problemas ecológicos van tocándonos más de cerca. A pesar de todos los mecanismos que el centro del sistema tiene para expulsar hacia las periferias buena parte de estas dificultades, aun así nos van tocando cada vez más de cerca.

Eso hace que el terreno para lo que antes podían parecer soluciones de compromiso vaya siendo cada vez menor. Hay menos espacio y menos tiempo para seguir haciendo como si nada. Esas políticas del “como si” han caracterizado en buena medida la manera en que nuestras sociedades han abordado cuestiones como el calentamiento global durante décadas. La acción eficaz necesaria se ha ido posponiendo y posponiendo.

En cambio, ahora se va viendo que tenemos menos tiempo y que los cambios sistémicos que mencionábamos tendrían que ser muy profundos y muy rápidos. En esa tesitura, es como si se fueran extremando las respuestas. Lo que vemos son formas políticas que se van acercando al fascismo, o directamente formas de fascismo (que podríamos llamar “fascismos de fin de mundo”), en muchos lugares. Y las políticas basadas en la cooperación, en la justicia ecosocial, en la recuperación y defensa de los bienes comunes (que son el camino que tendríamos que seguir) ven también estrechado su margen.

Una parte de lo que sucede se puede ver bajo esa luz. Ahí tenemos aquella disyuntiva que planteaba hace más de un siglo Rosa Luxemburg: socialismo o barbarie. Ahora sería ecosocialismo y ecofeminismo frente a barbarie y extinción. Algo así, en términos todavía más duros. La reacción a la que estamos asistiendo en muchas sociedades no es como para alegrarnos en ese sentido.

  1. Lo curioso es que todo este proceso se da en el marco de un Gobierno que, en principio, se presenta como progresista y ecologista. Pero si vamos a lo que planteabas antes, a las medidas profundas y rápidas que habría que tomar, en realidad lo que señalan los movimientos ecosociales en los que participas es que esas medidas no se están tomando. ¿Cuál es entonces el modus operandi de cada gobierno que llega?
  2. Afrontamos un problema que no es solo del Gobierno, aunque también se manifiesta en sus políticas. Tenemos un problema grande en cuanto a percepción e interpretación de la realidad. Como sociedad, no nos damos cuenta, no queremos asumir algunas realidades duras. O, más bien, hay sectores que se niegan a ello, porque tampoco se trata de toda la sociedad. Vemos cómo se fortalecen ciertos sectores negacionistas; pero no hablo solo del negacionismo climático, sino de un negacionismo más amplio: el negacionismo de la crisis ecosocial.

Incluso los sectores sociales que podemos llamar, con esa etiqueta poco útil, “progresismo”; incluso los sectores que sí admiten que hay un problema grave y que habría que hacer algo, no reconocen de verdad dónde estamos. No reconocen la gravedad y la profundidad de este tipo de crisis. Eso hace que se den por buenas respuestas en forma de políticas públicas, pero también en forma de iniciativas ciudadanas, que en realidad no están a la altura del problema.

De manera típica, en estos últimos años (de hecho, desde 2010 en adelante hasta ahora), las políticas que un Gobierno como el nuestro pone en marcha, sobre todo a través del Ministerio de Transición Ecológica, son, simplificando un poco las cosas pero sin traicionar el asunto, las siguientes: una rápida electrificación de lo que podamos del aparato productivo, y una matriz energética que logre reducir algo el consumo de combustibles fósiles desarrollando mucho la generación eléctrica con renovables de alta tecnología, con aerogeneradores y módulos fotovoltaicos. Eso, más el fetiche del automóvil eléctrico, supuestamente nos va a sacar de apuros. Pero es una ilusión.

Una situación en la cual buena parte de la sociedad ni siquiera percibe el problema, y la parte mayoritaria de la sociedad que más o menos ve algo del problema plantea una solución falsa, es algo muy peligroso.

Desde otros lugares decimos que una verdadera transición energética no consiste en añadir a nuestra red eléctrica muchos aerogeneradores y módulos fotovoltaicos, sino que tiene que plantear el qué y el cómo del uso de energía, y saber que tenemos que funcionar con menos energía. Una verdadera transición ecológica tiene que incorporar a muchos otros sectores además de la energía. ¿De qué manera vamos a hablar de transición ecológica, de transición ecológico-social, sin abordar, por ejemplo, todo el sistema agroalimentario? ¿Sin desarrollar iniciativas potentes de agroecología? Por esa vía vemos que eso toca los fundamentos del sistema. Y dentro del capitalismo es poco lo que se puede avanzar hacia donde necesitaríamos.

Esa es la situación bastante lamentable en la que nos encontramos. Solo sectores sociales muy pequeños plantean de verdad la clase de medidas hacia algo fuera del capitalismo, hacia el poscapitalismo o el ecosocialismo, que necesitaríamos.

  1. Sobre la segunda causa, la de la pintura en el Congreso, en su momento la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, planteó que en realidad no había habido ningún desperfecto. Esto llama la atención, porque entonces, ¿qué sentido tiene la causa? ¿Cómo se sostiene?
  2. En los dos casos, si estuviéramos en un mundo normal no habría juicio. Porque no se dio esa resistencia feroz a la autoridad de la que se nos acusa en el primer caso, ni hubo tampoco daños al patrimonio histórico, de los que se nos acusa en el segundo juicio. Pero, como dice una cita de Batman que mi amigo Antonio Orihuela situó como epígrafe al frente de su poemario La ciudad de las croquetas congeladas, «este no es un mundo normal».

De hecho, en un primer momento, las primeras acusaciones en 2022 eran incluso peores, porque decían que habíamos interrumpido el curso normal de la actividad parlamentaria. De haber prosperado eso, nos habría llevado a la Audiencia Nacional y a consecuencias todavía más graves.

Al final decayeron esas acusaciones y se quedaron en la de daños al patrimonio histórico, que también aparece en el Código Penal. Pero no tiene mucho sentido, porque precisamente se había buscado que ese líquido que imitaba sangre no causara daños permanentes. Era un líquido biodegradable y se podía limpiar con facilidad.

Así que tampoco ahí, si estuviéramos en un mundo normal, nos veríamos ante un juez o una jueza. Pero recordemos a Batman: «Este no es un mundo normal».

  1. Otra prueba de esto que dices es que muchos de los represaliados sois profesores universitarios, personas del mundo de la ciencia y del pensamiento, que tratáis de combatir en vuestra actividad profesional ese pensamiento ecocida y ese sistema ecocida. ¿Qué papel te parece que tienen que jugar la universidad, los intelectuales y los profesores en esta batalla?
  2. Lo característico de la segunda de estas acciones fue precisamente que se intentó impulsar esa articulación de Rebelión Científica entre universitarios, investigadoras e investigadores del CSIC, trabajadores del sector del conocimiento. Y realmente haría falta ahí una clase de compromiso mucho más intenso y duradero de lo que hemos visto. La respuesta de nuestras universidades y centros de investigación no ha estado ni de lejos a la altura de lo que necesitaríamos.

Ha hecho mucho daño, durante todo el período del capitalismo neoliberal en las últimas décadas, el avance constante de estas formas de individualismo casi patológico y de corrosión de los vínculos sociales en las que nos encontramos. Uno de sus efectos ha sido también una idea, yo creo que muy equivocada, de lo que tendrían que ser los nexos entre las universidades y los centros de investigación con la sociedad. No basta con decir: «Yo ya hago lo mío con la ciencia en mi horario de trabajo», o realizando análisis críticos.

Tenemos universidades en las que se da por bueno que los órganos de gobierno vayan siendo sustituidos por unos consejos llamados “consejos sociales”, que en realidad son, sobre todo, consejos empresariales. Es como para que suenen todas las alarmas.

En una sociedad normal, si le hiciéramos caso a Batman, en un mundo más normal, lo que deberíamos cuidar serían los nexos con las ciudades, los pueblos y los barrios en los que están nuestras universidades. Con las asociaciones y los movimientos sociales activos en esos lugares. Con las iniciativas emancipatorias del mundo de la cultura. Esos tendrían que ser los interlocutores naturales para la extensión universitaria, no las empresas, que es lo que en general se ve por aquí.

Haría falta recuperar la idea de una extensión universitaria en la que la universidad no se extienda, como lo hace ahora, hacia el mundo empresarial, sino más bien hacia la sociedad articulada y las iniciativas de supervivencia y emancipación.

  1. Ante casos de represión como estos, ¿cómo te parece que hay que responder?
  2. Necesitaríamos recuperar una idea de democracia más ambiciosa. Una idea en la cual esté claro que las sociedades verdaderamente democráticas necesitan de la protesta social para avanzar: eso forma parte de la gramática democrática básica. Ese sería el sustrato cultural que nos haría falta. Para eso irían bien muchas iniciativas desde abajo, iniciativas de pedagogía en sentido amplio.

Luego, creo que también nos hace falta, a las organizaciones políticas, a las asociaciones y a las articulaciones de los movimientos sociales, tomarnos más en serio la cuestión de la desobediencia civil, de las formas de resistencia y de la desobediencia civil. Desarrollar más estas formas de protesta que desbordan lo institucional. A veces nos ceñimos demasiado a la actuación más o menos institucional. Y hay que saber que entonces hace falta también toda una estrategia de autodefensa en varios niveles.

Yo iría por ahí. En realidad, eso se puede resumir diciendo que necesitamos profundizar en una democracia más seria, más sustantiva.

  1. Ante esta represión, que es también un intento de amedrentamiento del movimiento ambiental y de los distintos movimientos sociales, ¿qué tipo de movimiento ambiental o ecosocial haría falta que se desarrollase en los próximos años?
  2. Lo más importante sería, creo, activar a mucha más gente. Estaba leyendo una parte del informe que acaba de sacar la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica sobre la juventud española. Una de las cosas que arroja esta investigación sociológica, y creo que no atañe solo a los jóvenes aunque este estudio vaya por ahí, es la constatación de que hay expectativas de final de mundo.

Hay imaginarios bastante apocalípticos en sectores muy amplios de la sociedad. Eso puede coexistir con sectores sociales también muy amplios que son negacionistas de la crisis ecológico-social. Y coexiste también con una sensación de impotencia muy grande.

De tal manera que estos investigadores dicen en cierto momento que en este país, con esos datos, más que hablar de ecoansiedad habría que hablar de ecodepresión. Se da como un fenómeno de gran depresión social. No es todo lo que hay, por supuesto. Vemos también sectores que están luchando, que se organizan. Pero si pensamos sobre todo en las cuestiones ecológicas y ecológico-sociales, hay ahí algo de fuerte ecodepresión.

Entonces, lo primero sería superar en cierta medida esa situación. Volver a experimentar algo de confianza en la acción colectiva e ir tramando, a partir de ahí, movimientos sociales fuertes y bien orientados.

Pero la orientación del movimiento tendría que ser bastante más radical que la que hemos tenido, porque los propios problemas se han agravado muchísimo. Quizá se puede pensar en esos dos pasos: activar a mucha más gente y orientar el movimiento de una forma mucho más radical.

 

«el recrudecimiento de la represión contra el activismo climático llega a los tribunales», por pablo rivas

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/intensificacion-represion-activismo-tribunales

«De hecho, las razones de aquellas protestas se han intensificado. A la aceleración de la crisis climática se le suman las guerras derivadas del control de los combustibles fósiles, el auge del autoritarismo ligado a un nuevo colonialismo y la pérdida de fuerza del movimiento climático tanto a nivel de presencia mediática y discursiva como a nivel político. “Gaza, Irán, Ucrania… No ha cambiado nada, si acaso vamos todavía a peor, y tenemos el deber moral de seguir poniendo el cuerpo de manera pacífica”, sentencia Paco del Pozo…»

contra la indiferencia -manu fernández escribe desde valencia

¿Estamos luchando por la justicia?, se preguntaba Simone Weil ante el avance del fascismo en Europa. Para pensar esa pregunta, recurría a Tucídides, quien en su Historia de la Guerra del Peloponeso recordaba a los atenienses que “el examen de lo justo tan solo se lleva acabo cuando existe la misma necesidad por ambas partes. Cuando hay un fuerte y un débil, el primero ejecuta lo posible y el segundo lo acepta”. Simone Weil subrayaba que “los griegos definían admirablemente la justicia como consentimiento mutuo”: una justicia que solo puede existir allí donde no hay dominio, donde la fuerza no se impone como criterio.
Hoy, ante la devastación de Palestina, esa pregunta vuelve a interpelarnos con la misma urgencia: ¿estamos luchando por la justicia o aceptando que la fuerza decida lo posible?
Hay momentos en la historia en los que el sufrimiento de un pueblo se vuelve tan insoportable que mirar hacia otro lado deja de ser una omisión y se convierte en una forma de violencia. Lo que ocurre hoy en Palestina pertenece a esa categoría moral extrema. No es solo una tragedia: es una interpelación. Una exigencia ética que alcanza a toda la humanidad.
Simone Weil escribió que la verdadera justicia comienza por la atención: por la capacidad de mirar el dolor del otro sin apartar la vista, sin justificarlo, sin relegarlo a la periferia de nuestra conciencia. Esa atención —frágil, incómoda, radical— es lo primero que se está quebrando en el mundo ante la aniquilación sistemática del pueblo palestino. Y todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos. Cuando el sufrimiento se vuelve cotidiano, cuando la muerte se vuelve estadística, cuando la destrucción se vuelve rutina, algo esencial en nosotros se desmorona.
En Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt advirtió que el mal no siempre se presenta con estridencia: a veces avanza en silencio, protegido por la burocracia, por la obediencia, por la normalización del horror. Lo que vemos hoy es precisamente eso: una maquinaria que produce vidas sin derechos, poblaciones enteras reducidas a lo que Hannah Arendt llamó “seres superfluos”. Sobre todo, asistimos a la ruptura del principio más básico de la vida política: la igualdad no es un hecho natural, sino una construcción humana que sólo existe cuando decidimos reconocernos mutuamente como sujetos de derechos. Cuando permitimos que algunas vidas sean tratadas como prescindibles, renunciamos a esa tarea común y destruimos el fundamento mismo de la justicia.
A ello se suma una comunidad internacional atrapada en su propia parálisis moral, que permite que la deshumanización se vuelva administrable, incluso justificable. Por eso escribo. Porque no puedo aceptar que el mundo se acostumbre a este horror. Porque no puedo aceptar que la indiferencia se extienda sin resistencia. Porque no puedo aceptar que la devastación de un pueblo se convierta en un hecho más del ciclo informativo.
No escribo desde el odio. Escribo desde la responsabilidad. Desde la convicción de que la ética no es una opción, sino una obligación. Desde la certeza de que ninguna identidad, ningún trauma histórico, ninguna razón de Estado puede justificar la destrucción sistemática de un pueblo.
Lo que ocurre en Palestina no es un conflicto lejano: es un espejo que nos confronta. Un examen moral. Una pregunta que nos alcanza a todas y todos: ¿qué queda de nuestra humanidad si aceptamos que algunas vidas pueden ser destruidas sin que nada en nuestro interior se quiebre, mientras seguimos con nuestras vidas como si ese dolor no nos concerniera? Si eso no nos estremece, entonces lo que está en peligro no es solo un pueblo: es la idea misma de humanidad.

Manu Fernández, doctor en Filosofía

sobre protesta climática y estado constitucional, por maría eugenia rodríguez palop

https://www.publico.es/opinion/columnas/proceso-jorge-riechmann-protesta-climatica.html

El proceso: Jorge Riechmann y la protesta climática

María Eugenia Rodríguez Palop. Profesora de Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Eurodiputada (2019-2024)

Jorge Riechmann no es una amenaza, pero fue detenido el 7 de octubre de 2019, junto al técnico en energía Paco del Pozo y la psicóloga Marina M. Martínez, por haber participado en una protesta climática pacífica. El próximo día 26, se enfrentan a un juicio penal acusados de resistencia grave a la autoridad por el que la Fiscalía pide diez meses de prisión. Riechmann, además, está imputado por haber arrojado un líquido rojo biodegradable en la fachada del Congreso de los Diputados junto a otros académicos y activistas.  Filósofo, poeta, profesor universitario y autor de una extensísima obra, su suerte procesal será una prueba de fuego para nuestra salud constitucional y nuestra calidad democrática. Nos dirá mucho del grado en que estamos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión, el derecho de reunión y la desobediencia civil no violenta.

Perseguir a quienes se movilizan para alertar sobre una emergencia climática sobre la que existe un consenso científico abrumador, supone castigar a quienes señalan el incendio y normalizar a quienes lo avivan. El caso de Jorge Riechmann ilustra una amplia tendencia de criminalización y estrechamiento del espacio cívico con la que se intenta inmovilizar a la gente y eludir responsabilidades estructurales.

En un Estado constitucional, la protesta pacífica es señal de pluralismo político y ciudadanía activa; una forma legítima de participación pública, especialmente cuando se persigue una finalidad de evidente interés general. Por eso, no toda acción disruptiva ha de recibir una respuesta penal. El derecho penal no puede convertirse en un mecanismo de pedagogía disciplinaria ni en una herramienta para blindar el statu quo a base de castigos ejemplarizantes.

De hecho, el artículo 557 de nuestro código penal exige una interpretación estricta acorde con el principio de legalidad, y no ampara la persecución de una protesta simplemente porque sea molesta, incómoda o contundente. Hay que probar la gravedad del resultado y la existencia de un ánimo intimidatorio o violento. La mera ocupación simbólica, la interrupción temporal o la visibilización mediática no satisfacen los elementos del tipo.

El Tribunal Constitucional español ha reiterado también que el derecho de reunión tiene una función central en el pluralismo y su limitación exige una motivación suficiente. Es decir, que el control de proporcionalidad debe reforzarse especialmente frente a manifestaciones vinculadas a la crítica política y social. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre el efecto disuasorio que producen las sanciones penales o administrativas sobre protestas pacíficas, advirtiendo de que su imposición podría ser desproporcionada si acaban desalentando el debate público sobre asuntos de interés general.

En contextos de emergencia climática, la desobediencia civil no violenta se sitúa en la intersección entre nuestros deberes éticos y nuestros derechos políticos porque ayuda a corregir fallos sistémicos o institucionales. Su criminalización desactiva los canales que facilitan la (in)formación y la orientación de la voluntad popular.

Quienes trabajamos la filosofía del derecho (y en esto coincido con Jorge Riechmann) sabemos que puede haber oposición entre la legalidad que emana de las instituciones y la legitimidad de esas mismas instituciones, de manera que, en según qué términos, es posible justificar la desobediencia civil o la resistencia. El descontento no se canaliza solo a través de citas electorales o mediante un sistema judicial eficiente, capitaneado por supuestos jueces incorruptibles que «pronuncian» la ley, porque en una democracia constitucional lo importante no es que la ley sea la ley, sino que no sea solo eso. Es absurdo pensar que no hay nada entre la persona de orden que vota cada cuatro años, se reúne con autorización, se manifiesta en actitud festiva y a golpe de batucada, y los presuntos delincuentes que salen a las calles desordenadamente, aunque sea de forma pacífica y para defender nuestros derechos frente a los abusos del poder político o económico.

Como dice Habermas, todo Estado democrático de derecho debería entender que la desobediencia frente a una violación de derechos orquestada o consentida desde el sistema es una parte necesaria de la cultura democrática. No solo porque, a diferencia de la comisión de un delito, está moralmente fundada, sino porque apela a los fundamentos mismos del orden constitucional. Decir que un acto es ilegítimo, o que no está justificado, simplemente porque existe una norma que lo prohíbe, es una afirmación completamente extemporánea en un sistema que, como el democrático, no funda su legitimidad en la pura legalidad. Si queremos ciudadanos conscientes y racionales para que legitimen los procesos legales con sus votos, hemos de asumir que estos mismos ciudadanos sometan al poder político a un cuidadoso escrutinio y a una permanente crítica y revisión.

De modo que, aunque traspase los límites de lo jurídicamente establecido, una acción pacífica de protesta que se apoya en derechos conquistados y garantizados constitucionalmente, no puede ser, en puridad, una acción sediciosa, porque lo que la mueve no son las creencias privadas o los intereses propios de unos cuantos individuos sino las razones moralmente compartidas que le dan sentido al mismísimo sistema democrático. Así entendida, la desobediencia civil no pretende derrocar o subvertir un orden basado en derechos, sino más bien resistir a su desmantelamiento institucional.

En un Estado que pretenda ser legítimo y democrático, que quiera recabar para sí una adhesión ciudadana voluntaria y genuina, una movilización ecologista debería recibir un tratamiento político mucho más refinado e inteligente. Jorge Riechmann se enfrenta a un juicio el próximo martes. Penalizar a quienes defienden la Tierra y los bienes comunes en nombre de un aparente legalismo sin matices es un error normativo que acabará por corroer la propia estructura jurídica que dice defender.

 

azahara palomeque contra la criminalización de la protesta climática

https://elpais.com/opinion/2026-05-22/criminalizar-la-protesta-climatica-la-pesadilla-kafkiana-de-jorge-riechmann.html

Criminalizar la protesta climática: la pesadilla kafkiana de Jorge Riechmann

Las peticiones de cárcel contra el filósofo y activista ecologista por dos manifestaciones pacíficas responden a la dinámica que prioriza los intereses empresariales sobre la desobediencia civil
                                        Azahara Palomeque, 22 de mayo de 2026
“Alguien tuvo que calumniar a Josef K., ya que, sin haber hecho nada malo, una mañana lo detuvieron”. Sonará a los lectores esta frase; se trata del inicio de El procesola famosa novela de Kafka cuyo protagonista intentará esclarecer —sin éxito— las misteriosas razones de una detención que no obedece a ningún comportamiento criminal. El arbitrio de la justicia, los vericuetos insondables de la burocracia, y la prevalencia del sinsentido constituirán, a partir de entonces, un periplo angustioso a lo largo de las páginas.
En la vida real, quizá Jorge Riechmann, filósofo, poeta y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, se haya sentido como Josef K. desde que el 7 de octubre de 2019 la Policía lo detuviese, junto al técnico en energía Paco del Pozo y la psicóloga Marina M. Martínez, por haber participado en una protesta climática pacífica. De los 300 manifestantes que ese día cortaron el tráfico a la altura de Nuevos Ministerios, en Madrid, sólo ellos tres fueron objeto de la acción de las fuerzas del orden. Ahora, más de un lustro después, el próximo día 26, se enfrentan a un juicio penal acusados de resistencia grave a la autoridad —algo que ellos niegan—, delito por el que la Fiscalía les pide 10 meses de prisión. “Sin haber hecho nada malo”, quizá sostendría, si levantara la cabeza, el autor judío; es más, por haber realizado una buena obra, se podría argumentar, pues alertar de una emergencia ecológica que amenaza la supervivencia de la especie humana demuestra un alto grado de compromiso moral.
Riechmann es un erudito cuya extensísima producción intelectual —más de 100 libros— se encuentra profundamente imbricada con su labor como activista: gracias a él, conocemos la interrelación entre el antropocentrismo extractivista y la falta de justicia intergeneracional, el transhumanismo y la adicción a los móviles; por descontado, el calentamiento global y el desapego hacia una naturaleza considerada apenas como recurso y disociada del alma humana desde, al menos, la instauración del relato de la modernidad. Su prolífico desempeño se relaciona estrechamente con un discurso científico que, como dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, advierte a menudo de que se han abierto las puertas del infierno.
La dana de Valencia, con 238 muertos a cuestas, las inundaciones sufridas recientemente en Andalucía o la desconsoladora temporada de incendios vividos el verano pasado son apenas pruebas cercanas de un horror que también se materializa a nivel internacional. Podemos preguntarnos cómo incide el cambio climático en las decisiones geopolíticas que están tomando las potencias hegemónicas, desde la pelea por los combustibles fósiles en un mundo marcado por la escasez, hasta la invasión de Ucrania, pasando por el deseo febril de conquistar Groenlandia a sabiendas de que el derretimiento del hielo permitirá nuevas rutas árticas.
El afán belicista que se expande ante nuestros ojos atónitos, con el consiguiente aumento de la militarización y el gasto en defensa en muchos países, responden a la inseguridad que nace de una Tierra esquilmada, pero, en lugar de premiar a quienes izan la bandera roja de peligro a partir de un conocimiento incuestionable, el sistema judicial español parece haberse sumado a una represión de la protesta pacífica que ya se ejerce en otras naciones.
El caso de Riechmann, por lo tanto, no representa una excepción; más bien se inserta en una fatídica inercia por la cual se siguen priorizando el interés de grandes grupos empresariales y las dinámicas neoliberales por encima del bienestar ciudadano y derechos humanos como el de manifestación. Sus circunstancias ejemplifican la deliberada elección institucional de evitar modificar el rumbo hacia el abismo, y amedrentar a quienes avistan las consecuencias. Pero la de Riechmann no es sólo una historia de criminalización del ecologismo; su cuerpo acusado podría emparentarse asimismo con una trayectoria de desobediencia civil que va desde Gandhi a Martin Luther King, pasando por Berta Cáceres o Rosa Parks. La ética en el obrar que brota en tiempos convulsos cuando, según King, la ley esconde una inmoralidad, ha caracterizado a lo largo de la historia movimientos sociales que abogaban por la igualdad racial o de género, la descolonización, la democracia y, en general, distintas cristalizaciones de la dignidad humana. Si algunos de estos luchadores dieron sus huesos por una causa justa, los de Riechmann podrían acabar entre rejas, pues está imputado por otro acto ocurrido en abril de 2022, cuando varios académicos y activistas arrojaron un líquido rojo biodegradable contra la fachada del Congreso de los Diputados, tras lo cual algunos fueron detenidos por la Policía.
La justicia debe hacer su trabajo, pero auguro que pocas cosas causarían más estupor colectivo que la imagen del profesor encerrado en una celda. Supondría el símbolo de un fracaso de la civilización; el confinamiento de la razón, sometida al régimen penitenciario; el triunfo de la ilógica fábula kafkiana sobre la necesidad de cuidar la casa de todos y de cuidarnos a nosotros mismos. Ninguna acción no violenta que parta, además, del consenso científico debería ser estigmatizada, mucho menos castigada.

cuidar la tierra no es delito (texto que envía alfonso madrid desde chile)

Cuidar la Tierra no es un delito

https://www.15-15-15.org/webzine/2026/05/19/cuidar-la-tierra-no-es-delito/

Alfonso Madrid Echeverria, antropólogo y divulgador científico

Corporación Escuela Horizonte de Pensamiento Popular (EHPP), Lo Hormida, Chile

Cuidar la Tierra no es delito porque proteger las condiciones que hacen posible la vida constituye un deber ético, social e incluso histórico de la humanidad. Delito es destruir aquello de lo que depende la existencia colectiva: el agua, los bosques, el aire, los territorios y las comunidades humanas que viven en relación con ellos.

La defensa de la Tierra nace del principio más básico de supervivencia y responsabilidad intergeneracional. Ninguna sociedad puede sostenerse sobre la devastación permanente de la naturaleza sin poner en riesgo su propia continuidad. Por eso, quienes actúan para denunciar la crisis ecológica no están atacando a la sociedad: están alertando sobre un modelo que normaliza la destrucción ambiental en beneficio de privilegios económicos y políticos cada vez más concentrados.

Llamar “resistencia grave a la autoridad” a acciones de protesta no violenta distorsiona el sentido mismo de la justicia. La desobediencia civil pacífica ha sido, históricamente, una herramienta legítima frente a leyes, poderes o decisiones que perpetúan injusticias. Defender la Tierra mediante acciones simbólicas, visibles y no violentas no puede equipararse a la violencia real que implica destruir ecosistemas, contaminar ríos, expulsar pueblos de sus territorios o acelerar el colapso climático.

Además, verter un líquido biodegradable y fácil de limpiar, o participar en una cadena humana pacífica, no constituye un ataque contra la convivencia democrática. Por el contrario, son formas de participación política y expresión colectiva orientadas a visibilizar una emergencia planetaria que afecta a toda la humanidad. Criminalizar estas acciones supone desplazar el foco: se persigue a quienes denuncian el daño, mientras el daño estructural continúa.

La verdadera amenaza para la convivencia humana no proviene de quienes protegen la vida, sino de un modelo de poder que convierte la naturaleza en mercancía y subordina el bienestar colectivo a intereses privados. Cuando la ley castiga con mayor dureza a quienes intentan defender el planeta que a quienes contribuyen a su destrucción, aparece una profunda contradicción ética y política.

Cuidar la Tierra no es delito. Es responsabilidad, conciencia histórica y defensa de la vida común. Los pueblos que resisten en defensa del territorio, del clima y de la naturaleza no expresan criminalidad: expresan dignidad, memoria y futuro.

Cuidar la Tierra no es delito porque proteger las condiciones que hacen posible la vida constituye un deber ético, social e histórico de la humanidad. Delito es destruir aquello de lo que depende la existencia colectiva: el agua, los bosques, el aire, los territorios y las comunidades humanas que viven en relación con ellos.

La defensa de la Tierra nace del principio más elemental de supervivencia y responsabilidad intergeneracional. Ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente sobre la devastación de la naturaleza sin poner en riesgo su propia continuidad. Quienes actúan para denunciar la crisis ecológica no atacan a la sociedad: intentan evitar su colapso moral, ambiental y humano.

A lo largo del mundo, innumerables personas han entregado incluso su vida por proteger la naturaleza y los derechos de los pueblos. En Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 por defender los ríos y territorios del pueblo lenca frente a proyectos extractivos. Su lucha se convirtió en símbolo mundial de la defensa de la Tierra y de los pueblos originarios.

En Brazil, Chico Mendes fue asesinado en 1988 por defender la Amazonía y las comunidades campesinas frente a la destrucción forestal. Su muerte reveló el enorme poder económico y político que muchas veces se enfrenta violentamente a quienes protegen la vida.

En Nigeria, Ken Saro-Wiwa fue ejecutado por denunciar la devastación ambiental causada por la explotación petrolera en el territorio ogoni. Su lucha mostró cómo la defensa del ambiente también es defensa de la dignidad humana y de los derechos colectivos.

En Peru, Edwin Chota fue asesinado junto a otros dirigentes indígenas por enfrentar la tala ilegal en la Amazonía. Como él, cientos de líderes indígenas, campesinos y defensores ambientales son perseguidos cada año por proteger bosques, ríos y territorios ancestrales.

Estos casos no son excepciones aisladas: son parte de una realidad global donde defender la Tierra puede implicar persecución, criminalización o incluso la muerte. La violencia estructural contra quienes protegen la vida contrasta con la falta de protección efectiva para los ecosistemas que sostienen a toda la humanidad.

En el sur del mundo, el Pueblo Mapuche continúa enfrentando procesos de despojo territorial, criminalización y conflictos asociados a la defensa de sus tierras ancestrales. Diversas comunidades denuncian la expansión de proyectos extractivos, forestales y energéticos sobre territorios tradicionales, mientras que desde organizaciones sociales se ha señalado reiteradamente la persistencia de una respuesta estatal centrada más en la represión que en el diálogo intercultural y la reparación histórica. Este conflicto evidencia tensiones profundas entre modelos de desarrollo y derechos de los pueblos originarios, así como el persistente silencio o insuficiencia de respuestas estructurales por parte de los Estados involucrados.

La verdadera violencia no proviene de quienes protestan pacíficamente o realizan acciones simbólicas para alertar sobre la emergencia climática. La violencia real proviene de un modelo económico y político que destruye ecosistemas enteros, desplaza comunidades y criminaliza a quienes resisten. La historia demuestra que muchas conquistas sociales y humanas nacieron de actos de resistencia considerados ilegítimos por el poder de su tiempo. Hoy, quienes defienden la Tierra continúan esa tradición ética: proteger la vida frente a estructuras que privilegian el beneficio económico y la lógica de la fuerza sobre el bienestar colectivo.

En este contexto, cobra especial relevancia la labor de Jorge Riechmann, quien desde la universidad en Madrid y su trabajo ecologista en la Sierra de Guadarrama ha desarrollado una obra y una enseñanza constante centradas en la ecología política, la ética, la ciudadanía responsable y los derechos humanos. Su trabajo intelectual y pedagógico insiste en la necesidad de repensar la relación entre sociedad y naturaleza, poniendo la vida en el centro frente a modelos de desarrollo que la subordinan al beneficio económico.

Cuidar la Tierra no es delito. Es una forma de defender la humanidad, la memoria de los pueblos y el derecho de las generaciones futuras a existir en un planeta habitable. Quienes arriesgan su libertad o su vida para proteger el agua, los bosques y los territorios no representan criminalidad: representan dignidad, conciencia histórica y compromiso con la vida común.

manifiesto ecosocialista de euskal herria, 2026

manifiesto-ecosocialista-euskal-herria-2026-CAST

https://omal.info/manifiesto-ecosocialista-de-euskal-herria-2026/

Manifiesto Ecosocialista de Euskal Herria 2026

10 años de ecosocialismo en Euskal Herria

 

Diez años después: Un mundo más insostenible y violento

Hace 10 años, el manifiesto final del III Encuentro Ecosocialista Internacional celebrado en Euskal Herria mencionaba de manera explícita la urgencia ecológica provocada por la superación de los límites biofísicos, y alertaba de la emergencia social generada por desplazamientos migratorios forzosos, precariedades y violencias crecientes, situando el origen de estos dos problemas -estrechamente relacionados- en el orden institucionalizado en torno al sistema capitalista. Más específicamente, en su dinámica de crecimiento ilimitado, en función de la maximización de las ganancias corporativas.

10 años después, lamentablemente, este análisis se muestra certero y premonitorio, poniendo de manifiesto la más que evidente inacción ecosocial de la comunidad internacional ante unos retos urgentes y de calado. No obstante, el diagnóstico realizado hace una década apenas era capaz de prever la amplitud e intensidad de los funestos fenómenos que definen hoy en día el panorama internacional.

En términos ecológicos, y según el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en 2025 se superaron ya siete de los nueve límites biofísicos planetarios: cambio climático –1,44 ºC de incremento respecto a la época preindustrial–, biodiversidad, deforestación, agua dulce, ciclos del nitrógeno y el fósforo, contaminación química y acidificación de los océanos, todos los cuales han trascendido sus márgenes de seguridad –cuando solo cuatro lo habían hecho en 2015–, mientras que los dos restantes -el agotamiento de la capa de ozono y la carga de aerosoles atmosféricos- quedarían como los únicos dos ámbitos no sobrepasados.

En términos económicos la errática dinámica internacional, azuzada por el estallido financiero de 2008, se ha agravado en los últimos años, sin viso alguno de mejora. El capitalismo está estancado –un magro 2,4 % de crecimiento esperado para la década presente–, sufre de sobrecapacidad productiva, y apenas la financiarización lo sostiene con respiración asistida. En otras palabras, la tarta del crecimiento se achica –especialmente para las y los trabajadores–, los capitales que pugnan por la misma son abundantes –desarrollándose un juego de suma cero en el que solo uno gana, siendo este China en la mayoría de muchos rubros estratégicos–, y el marco en el que estos actúan es altamente inestable, incrementándose el riesgo de estallidos de todo tipo.

Se impone de este modo la guerra económica como sentido de época, a través de una competencia extrema por el control de mercados, rutas comerciales (Groenlandia, Oriente Medio), inversiones estratégicas (inteligencia artificial, semiconductores, economía verde) y, muy especialmente, el acaparamiento de suministros como las energías fósiles y la minería metálica.

En coherencia, y en términos políticos, el orden internacional basado en el multilateralismo, las reglas compartidas y la democracia liberal, ha saltado por los aires en el último lustro. Pese a tratarse este de un modelo de gobernanza sesgado a favor de las potencias occidentales, apuntalado por una lex mercatoria que blinda los intereses de sus corporaciones, y definido por un marco de baja intensidad democrática, el contexto de crisis global y la consolidación de China como hegemón económico han modificado el tablero mundial.

Ahora son las agendas reaccionarias y autoritarias de las extremas derechas, con la fuerza y la violencia como valores fuertes, así como el avance del régimen de guerra, quienes imperan en un panorama político trastocado en sus principales términos por EE. UU. y sus aliados, entre ellos Israel y la Unión Europea. La secuencia de guerras y agresiones imperialistas se acelera de este modo –Ucrania, genocidio en Gaza, Venezuela, Irán–, dentro de una peligrosa espiral militarista, en un contexto marcado por el riesgo de contienda nuclear.

Sin duda, somos las mayorías populares y la clase trabajadora en su conjunto quienes sufrimos de manera específica los embates de esta tormenta perfecta que está generando el capitalismo. Quienes enfrentamos en primera línea los desastres naturales. Quienes, de una manera cruelmente asimétrica, tenemos crecientes dificultades para la reproducción de nuestras vidas, explotadas y atravesadas por una precariedad cada vez más generalizada. Quienes somos expropiadas de lo común, y de nuestros propios trabajos. Quienes nos vemos obligadas a emigrar por motivos económicos, políticos, y/o ambientales. Quienes resistimos las agresiones de la extrema derecha y sus agendas reaccionarias. Quienes nos convertimos en las primeras víctimas directas del militarismo y de la guerra.

Agenda ecosocialista, más necesaria y urgente que nunca

Frente al diagnóstico global expuesto en el apartado anterior, el manifiesto del Encuentro celebrado en Euskal Herria en 2016 también alertaba de los cantos de sirena del capitalismo verde, que amenazaba con reproducir el mismo modelo de consumo y perpetuar las mismas estructuras que generaron la urgencia ecológica y la emergencia social. Este, reconvertido hoy en capitalismo verde oliva y digital -como versión hegemónica tras la pandemia– pretende que la suma de alianzas público-privadas e inversiones masivas en energía, economía verde, digitalización y armamento, ofrecen una oportunidad económica y una respuesta política a la conflictividad geopolítica que el propio sistema ha generado, conduciéndonos hacia un horizonte de crecimiento estable y generalizado, así como a un desacoplamiento de dicho crecimiento, con respecto a las emisiones contaminantes, y frente al consumo energético y material.

El impacto real de esta agenda oficial, no obstante, es diametralmente opuesto al planteado: ni se revierte el estancamiento económico, ni se avanza en términos de sostenibilidad, ni se reducen en términos absolutos las emisiones y el consumo físico –sí en algún territorio específico, pero nunca al ritmo comprometido, y, sin tener en cuenta la naturaleza global de las cadenas de valor en las que cada país o región están involucrados–. Por el contrario, se refuerza el poder corporativo como protagonista –y por tanto la vigencia de la maximización de la ganancia como meta fundamental–, se consolida la dinámica extractivista –sobre todo de energía y minería metálica–, y se azuza la guerra económica respecto a los suministros estratégicos, así como el régimen de guerra dentro de la escalada militarista que lo define.

Por lo tanto, este capitalismo verde oliva y digital no supone solución alguna sino, al contrario, es la agenda con la que explícitamente hay que confrontar. Tampoco lo son las versiones neokeynesianas de este que, comprando su marco general y descontextualizando la emergencia climática respecto al conjunto de parámetros que definen el panorama internacional actual, plantean dirigir estrategias nacionales de transición desde gobiernos “progresistas” a través de una mezcla de pactismo con las grandes empresas, innovaciones tecnológicas y cambios sociológicos progresivos. Evitan, en consecuencia, cualquier transformación en profundidad y renuncian a la necesidad de generar movilización popular; niegan la lucha de clases; soslayan la relevancia estratégica de la propiedad pública; y obvian el carácter retardista de un poder corporativo, atravesado por el estancamiento secular y la sobrecapacidad productiva.

Queremos, por tanto, reforzar nuestra apuesta por el ecosocialismo como agenda estratégica de superación radical del estado de cosas actual. Y lo hacemos desde Euskal Herria, un país con su idiosincrasia, pero también atravesado por muchas de las variables que definen el contexto global en la actualidad: un país del Norte Global, pero sin soberanía para tomar decisiones en todos los ámbitos estratégicos; un país de renta alta, pero con una matriz económica vulnerable –automoción, aeronáutica, máquina-herramienta, siderometalurgia, sector armamentístico, etc.–; un país muy consumidor de energías fósiles, pero absolutamente dependiente del exterior; un país con instituciones volcadas en políticas en favor del poder corporativo, apuntalando su dinámica desde la esfera pública; un país, también, que cuenta con una mayoría sindical confrontativa y de clase, así como con una trayectoria de notable movilización popular.

Para el movimiento ecosocialista de Euskal Herria, la última década ha sido un tiempo de aprendizaje acelerado y de maduración política. Desde los III Encuentros Ecosocialistas Internacionales, las luchas ecosociales han avanzado en cuatro direcciones clave: la articulación interseccional entre sindicalismo, feminismo y ecologismo -con la mayoría sindical vasca asumiendo posiciones explícitamente ecosocialistas-; la huelga general por unas pensiones y vidas dignas de 2020; la huelga general feminista de 2023 en defensa de un sistema público-comunitario de cuidados; el arraigo territorial materializado en experiencias concretas (el proyecto de un Índice de sostenibilidad de Busturialdea-Urdaibai o el acompañamiento a la reconversión industrial de Mecaner); la defensa del territorio frente a los megaproyectos corporativos (Guggenheim Urdaibai, entre otros); y la construcción de una pedagogía ecosocialista que facilite su difusión y desarrollo.

Hemos aprendido también que las victorias parciales son posibles y necesarias. Que no hay transición justa sin conflicto ni movilización popular. Que el ecosocialismo en Euskal Herria solo tiene sentido si se construye desde lo común, lo feminista y lo internacionalista, en diálogo permanente con los pueblos del Sur global.

Abogamos pues por un ecosocialismo que, bajo una bandera de cuatro colores (verde ecologista, rojo de la justicia social, violeta feminista y negro del empoderamiento ciudadano) se construya sobre:

  1. La confrontación con el statu quo, situando en el centro la sostenibilidad de vidas dignas para la clase trabajadora, en su conjunto y con su diversidad.
  2. El vínculo de necesidad entre las luchas de clase, feministas, ecologistas, antirracistas, internacionalistas y antimilitaristas.
  3. Un horizonte que sitúe la explícita superación del orden hoy institucionalizado en torno al capitalismo.
  4. Estrategias de transición ecosocial justa que, aquí y ahora, permitan avanzar en términos de desmercantilización, descorporativización, emancipación, protagonismo de lo común, ajuste del modelo social a los límites biofísicos, y redistribución radical de la riqueza y de todos los trabajos (productivos y reproductivos).

Unas estrategias de transición ecosocial justa definidas por las siguientes claves:

  • La apuesta por una planificación democrática y vinculante, como herramienta indispensable para responder al interés y los derechos, tanto de la clase trabajadora como de la naturaleza.
  • El protagonismo de la propiedad pública y comunitaria como única garantía de control colectivo y viabilidad del proceso.
  • La participación popular como condición democrática,ante un reto político de época.
  • La justicia global, dentro de un panorama crecientemente imperialista y neocolonial.
  • El desarrollo de alternativas de todo tipo, frente a la hegemonía actual de los megaproyectos.
  • La articulación entre movimientos populares y sindicatos de clase, en dinámicas conjuntas para crear redes a favor de la vida que sean la punta de lanza de la transformación ecosocialista.

Estas claves estratégicas, en última instancia, deberían atravesar y dotar de identidad al impulso de nuevas agendas ecosocialistas:

  1. que pongan en el centro el cuidado de la vida, tanto de las personas, como de los ecosistemas;
  2. que sitúen como horizonte el decrecimiento justo y asimétrico, la electrificación y el impulso de profundas transformaciones sociales, económicas y culturales;
  3. que incidan en la disputa con la extrema derecha reaccionaria y negacionista, desde propuestas que transformen la materialidad de la vida de las y los trabajadores en beneficio de lo común;
  4. que defiendan sin tapujos el “no a la guerra”, enfrentando la deriva militarista y sus estructuras principales, como la OTAN;
  5. que apunten al desmantelamiento de la arquitectura de la impunidad corporativa, blindada hoy por tratados de comercio e inversión, y otras fórmulas de perpetuar los intereses de las empresas transnacionales;
  6. que apuesten por una redistribución radical de la riqueza y de todos los trabajos;
  7. que abunden en cambiar las matrices económico-energéticas, priorizando enfoques como la soberanía alimentaria, la economía feminista, la economía solidaria, etc., mediante la relocalización, la soberanía, la cohesión y el equilibrio territorial.
  8. que avancen en la consideración de ámbitos sociales como vivienda, cuidados, educación y salud como derechos públicos, libres de mercantilización y, por tanto, ajenos a la dinámica capitalista.

Somos conscientes de que la actual agenda de las élites económicas y políticas, nos arrastra irremediablemente a un escenario caracterizado por un ecocidio y genocidio, de proporciones difícilmente predecibles, pero de terribles consecuencias, sobre todo para las personas y pueblos más vulnerables. La disyuntiva es clara: ecosocialismo feminista o barbarie. Apostemos entonces por defender la vida, la naturaleza y los derechos de la clase trabajadora, aquí y ahora, en todos los espacios y desde todos los ámbitos.

Gora Euskal Herriko langileria! Gora munduko langileria!

el cuatrimestre de las aulas vacías

Clase de las 15’30, ayer tarde (9 de mayo): cinco estudiantes (de un grupo de 32). Clase de las 17’30: tres estudiantes (de un grupo de 15). Vale, es viernes por la tarde, estamos a final de curso, yo no paso lista, se trata de estudiantes de tercer y cuarto curso. Pero anteayer me contaba el joven profesor Adrián Santamaría que en clase de ética de primer curso habían asistido a clase apenas una docena de estudiantes (de un grupo de más de sesenta).

Éste habrá sido el cuatrimestre de las aulas vacías. Uno no puede evitar preguntarse: ¿qué estoy haciendo mal?

Y sin embargo hay que plantear, probablemente, otras preguntas previas. ¿Qué está sucediendo con la vivienda y los alojamientos en España? “Un profesor nos contó lo que estaba pasando en Sevilla: el alto precio de los alquileres y las residencias universitarias hacía que muchos alumnos que viven en otras ciudades fuesen a clase sólo una o dos veces por semana. Van, echan el día y se vuelven. No pueden permitirse más.”[1]

Me decía el decano de mi Facultad, Manuel Alcántara: “Efectivamente es un drama lo de la vivienda en Madrid, con repercusiones también para quienes desearían estudiar aquí. Justo ayer tuve una reunión con la decana de Filosofía y Letras de la UNAM en México y me comentaba que habían detectado ese problema también para los estudiantes que querían venir de estancia desde allí.”[2]

En un estudio reciente en Barcelona (El absentismo en las aulas universitarias de la UAB. Por qué vale la pena ir a clase) se constata que casi cuatro de cada diez estudiantes trabajan mientras estudian, una parte significativa presenta dificultades económicas o de salud, y la gran mayoría depende del transporte público para acceder al campus, a menudo afectados por el mal funcionamiento de algunos servicios de transporte.[3]

Uno intuye que otros tres factores están desempeñando un papel cada vez más importante. Por una parte, el avance de los trumpismos en muchos países lleva consigo una depreciación creciente del conocimiento como valor: un rasgo importante de estas nuevas ultraderechas, además de su antifeminismo y su antiecologismo, es su antiintelectualismo. Por otro lado, la rápida expansión de las Inteligencias Artificiales generativas induce en mucha gente la ilusión de que pueden aprender mejor, y más fácilmente, que en las aulas simplemente interactuando con un chatbot.

Y en tercer lugar, pero sobrevolándolo todo, el miedo al futuro. Hace un par de días me referí a la décima edición del informe de la Fundación SM Jóvenes españoles 2026, donde se califica el sentimiento de los y las investigadas con respecto al futuro como apocalíptico. En un artículo en el New York Times, Anna Louie Sussman examina cómo la incertidumbre y el miedo al futuro sería el elemento clave para entender el actual declive demográfico en la mayor parte del mundo (en realidad, el mundo entero salvo algunas regiones de África) incluso en entornos con situaciones económicas aceptables y servicios sociales suficientes.[4]

Y después de todo lo anterior, efectivamente uno ha de preguntarse: ¿en qué puedo mejorar mi docencia?

***

Dejo por aquí una reflexión de la profesora Beatriz Muñoz González, socióloga en la Universidad de Extremadura: “Tras un titular sobre absentismo universitario enseguida aparece una explicación cómoda: son los estudiantes, son los profesores, son los PowerPoints, es la desgana. Pero quizá el problema empieza ahí: en lo rápido que resolvemos asuntos complejos con diagnósticos simples.

El absentismo universitario quizá no habla sólo de horarios, docentes o motivación, quizá señale un cambio cultural más profundo: una nueva forma de estar en la universidad atravesada por la lógica del consumo rápido, la utilidad inmediata y la atención fragmentada. Puede ser que la clase sea ahora para muchos algo que se usa si encaja, si renta, si entra en el examen o si ofrece un beneficio visible. La presencia deja de ser un vínculo con una comunidad de aprendizaje y pasa a medirse como coste-oportunidad.

Quizá reducir el absentismo a desgana estudiantil o a malos docentes se quede corto. A lo mejor es pertinente preguntarse qué ocurre cuando la universidad, pensada para tiempos largos, entra en conflicto con una cultura de tiempos cortos, de la inmediatez y la conexión débil.

Nuestra forma de debatir el absentismo también dice algo de la época. Ante un fenómeno complejo, buscamos rápido un culpable y una explicación cerrada. Quizá esa prisa por simplificar forma parte del mismo problema. Quizá hemos olvidado que en nuestras aulas están hoy quienes aprendieron durante la pandemia en modo online. Y que las universidades, con sus campus virtuales, también hemos alterado la cultura de la presencialidad: el espacio académico ya no se habita ni se interpreta igual. Los campus virtuales no solo han añadido herramientas, también han modificado la idea misma de presencia, aula y espacio académico.”[*]

 

[*] Tuits del 27 de abril de 2026: https://x.com/45Beatriz/status/2048775427942932617

[1] https://x.com/FernandoArancon/status/2048844236544528539 (tuit del 27 de abril de 2026).

[2] Comunicación personal, 28 de abril de 2026.

[3] José Luis Muñoz Moreno y otros: L’absentisme a les aules universitàries de la UAB : per què val la pena anar a clase, Institut de Ciències de l’Educació (Universitat Autònoma de Barcelona), Bellaterra 2026; https://ddd.uab.cat/record/327188

[4] Anna Louie Sussman, “Why so few babies? We might have overlooked the biggest reason of all”, The New York Times, 8 de mayo de 2026;  https://www.nytimes.com/2026/05/07/opinion/birthrate-kids-parents-demographics-future.html . También en español: https://www.nytimes.com/es/2026/05/08/espanol/opinion/tasa-natalidad-maternidad-demografia-futuro.html . Leemos en el texto: “El futuro nunca ha estado asegurado, pero da la sensación de que vivimos en una época de incertidumbre espectacular. En Estados Unidos, la permanencia en el empleo se ha contraído y la volatilidad de los ingresos ha aumentado. La esperanza de vida, antaño en inexorable marcha ascendente, ha descendido para las mujeres y los hombres con menos estudios. Muchas de las fuerzas sobre las que se asienta nuestra economía –la inteligencia artificial (IA), la inmigración, el comercio mundial– se sienten angustiosamente volátiles; la perturbación, antaño sinónimo de alboroto o problema, es el ethos rector de un sector aterradoramente poderoso de nuestra economía. El auge de los mercados de predicción ha convertido el mundo en un gran casino. La crisis climática se dispara, al igual que los costos de todo lo que podría permitir la maternidad, ya sea un techo o el cuidado de los niños. El último medio siglo nos ha traído una desigualdad pasmosa, acompañada de un fuerte declive de la movilidad social. Las dos generaciones que actualmente están en edad de procrear llevan las cicatrices psicológicas y financieras de haber llegado a la mayoría de edad en medio de catástrofes a escala mundial: los milénials de más edad entraron en el mercado laboral durante la Gran Recesión; muchos vieron cómo sus padres perdían sus trabajos o sus casas. La generación Z, cuyas vidas se vieron trastocadas por la pandemia del COVID-19, se encuentra ahora compitiendo contra la IA por puestos de trabajo de nivel inicial e incluso por posibles parejas. El hombre que dirige Estados Unidos parece entregado sin reservas al caos en casa y en el extranjero. (…) Para entender los cambios actuales de la población debemos mirar más allá de los indicadores que los investigadores de otros contextos han denominado como ‘la sombra del pasado’. ¿Alguien tiene trabajo? ¿Está casado? ¿Tiene estudios universitarios? También debemos considerar lo que se ha definido como las ‘sombras del futuro’…”

‘jóvenes españoles 2026’: visión de un futuro muy sombrío y neonegacionismo

La décima edición del informe de la Fundación SM Jóvenes españoles 2026 registra cambios importantes en cómo se sitúan frente al mundo las generaciones más recientes, que aquí sólo puedo evocar de pasada. Leemos: “Al ahondar en los sentimientos frente al futuro del planeta con relación al medioambiente por la vía cualitativa, la palabra clave de cómo ven los jóvenes el futuro a medio y largo plazo es apocalíptico. El «largo plazo», con muy contadas excepciones, parece surgido de alguna distopía especialmente cruel y apocalíptica del mundo. Esa es, por lo menos, una de las expresiones más usadas por los jóvenes, si bien hay otras con significados similares: negro, oscuro, devastador, destruido, inhumano, caótico, catastrófico. Aunque hay variadas formas de imaginar ese futuro a largo plazo, existen puntos de referencia claros que se repiten una y otra vez en su discurso: barbarie, pobreza, hambre, superpoblación, lucha por los recursos (incluso guerra o Guerra Mundial) y enfermedades. (…) Una imagen [del panorama ecosocial] que, para desgracia de aquellos que se consideran ambientalistas, nunca hasta el presente informe había sido tan clara y diáfanamente negativa, no pudiéndose apreciar ya, como sucedía en informes anteriores (…), contradicciones o «fisura» interpretativa de mayor calado” (p. 28-29). Por otra parte, esta visión general es compatible con un creciente negacionismo frente a la crisis ecosocial. Frente a la afirmación “La llamada crisis ecológica de la humanidad se está exagerando mucho”, se ha pasado de asentir un 31% en 2005 a un 43’7% en el informe actual. Solamente entre el último informe de 2021 y el actual, en apenas cinco años, el agregado ha aumentado nada más y nada menos que un 17’4 %. “El negacionismo como fórmula ideológica que afirmaba (y lo sigue afirmando) que la crisis medioambiental no es más que una invención, poco más que un «mito», se ha reformulado en los últimos años hacia un neonegacionismo que, si bien acepta la existencia de una crisis climática, niega la intervención humana, su gravedad o la premura de sus consecuencias. Una «ficción» se ha llegado a decir desde la palestra política, argumentando diferentes motivos ajenos al peso de nuestra actividad socioeconómica, como, por ejemplo, los grandes ciclos climáticos. En este sentido, más de la mitad de la gente joven (52’1%) piensa que «Aún nos queda mucho tiempo para actuar frente a los problemas medioambientales»” (p. 29). Y la cosa sigue así: “Frente a los negacionistas, prácticamente la mitad de la gente joven en datos agregados (un 43’7% que considera una exageración la crisis ecológica y un 52% que piensa que aún queda mucho tiempo), el bloque colapsista, que muestra su completo acuerdo con que «La batalla por salvar el medioambiente ya está perdida. Hagamos lo que hagamos, el colapso ecológico ya es inevitable», ya alcanza prácticamente a la mitad de la población joven, aumentando de un 31% a un 45% desde 2021 al presente informe” (p. 30).

https://es.fundacion-sm.org/innovacion-educativa/biblioteca/informe-jovenes-espanoles2026/

 

avaricia, afán de dominio y tecnofascismo

Han tardado años en verlo, pero por fin El País titula: “La IA sin careta: avaricia y tecnofascismo” (lástima que ello no compense la desaforada promoción de la IA que llevan tanto tiempo practicando). Según el artículo, “en cinco días ha quedado claro que la IA puede tumbar el sistema financiero mundial, que ya todas las big tech prestan sus servicios sin disimulo al mayor ejército del mundo y que esto no va de beneficiar a la humanidad, sino de enriquecer a sus dueños”.[1]

Se está produciendo una tardía, tímida e insuficiente reacción… Gary Marcus sintetiza: “Fuera de las aplicaciones en programación (donde hay un valor claro) y un puñado de otros dominios (p. ej., lluvia de ideas), la IA generativa ha tenido un impacto neto negativo para la sociedad. Ha estado socavando la educación secundaria y universitaria, abriendo las puertas a la vigilancia masiva, aumentando la desinformación, los engaños, la suplantación de identidad, el phishing y otras formas de ciberdelito, la pornografía deep fake no consentida, los sesgos en la contratación y otros dominios, y la disparidad económica, inundando el mundo con basura y centros de datos no deseados, sobreexplotados y dañinos para el medio ambiente que nos someten al riesgo de una recesión.

Simultáneamente, ha empoderado a un grupo de personas que quieren privatizar casi todas las ganancias mientras dejan todos los inconvenientes a la sociedad, sin asumir ni la mínima responsabilidad. No creo que estemos mejor que hace cuatro años.

Parte de esto son problemas técnicos (los LLM no son confiables), otra parte político-económicos (como la absoluta falta de regulación responsable). La mayor parte de ello era predecible. Casi nada de ello es bueno.

Dicho todo esto, creo honestamente que alguna forma futura de IA podría ser genial. Pero la IA generativa ha hecho más daño que bien, y ha sido gestionada de manera irresponsable. No es de extrañar que muchas personas hayan dicho: hasta aquí”.[2]

 

[1] Manuel G. Pascual, “La IA sin careta: avaricia y tecnofascismo”, El País, 3 de mayo de 2026.

[2] https://x.com/GaryMarcus/status/2050750631342907725