sobre procesos desconstituyentes en un mundo en descenso energético

“El doble proceso de ruptura democrática con el estado y el capitalismo, que se fundamenta en la voluntad de autogobierno y autogestión, no debe visualizarse como algo brusco y determinante, fruto de un acto banal como puede ser el ejercicio del ritual electoral o el de una recreación del fetiche de la toma de la Bastilla. Parlamentos y fortalezas, privados del poder simbólico que les confiere nuestra obediencia, son apenas cemento y papel (que, como descubriremos en breve, no son comestibles). Al contrario, llamamos proceso desconstituyente al movimiento lento, disperso y descentralizado que substrae progresivamente poder, legitimidad, autoridad y efectividad al cuadro jurídico-político-económico que sustenta la existencia del estado (en este momento, el español y europeo), incluidos su texto constitucional y toda la legislación, instituciones políticas y económicas y jerarquía administrativa que de ella emanan directa o veladamente. No busca este proceso reformular o sustituir este aparato estatal por otro, sino construir de forma paralela y en su detrimento, institucionalidades alternativas para el autogobierno asambleario comunitario y la autogestión de las necesidades básicas, haciendo posible el desarrollo de sociedades al margen del estado, contra el estado, sin estado.

Rompiendo con el mito de la toma de las instituciones estatales con el fin manifiesto de su transformación revolucionaria, que ha llevado al perfeccionamiento de su sistema de dominación, el proceso desconstituyente tiene como fin su liquidación, lenta y llena de obstáculos, pero irreversible. Rechazando la visión monolítica del poder y de la autoridad y percibiendo que la continuidad del sistema estatal constitucional depende, en última instancia, de nuestra lealtad y complicidad con el régimen, tenemos el derecho y el deber de rebelarnos contra un orden constitucional que destruye lentamente el tejido social, la tierra y la propia naturaleza humana. Este derecho y deber de rebelión debe traducirse en la no cooperación social, económica y política, en la desobediencia civil, y en el no establecimiento de nuevas institucionalidades al margen del estado. Frente a la usurpación constante de recursos y dignidad, la insurgencia económica se convierte en necesidad, concretizada por innúmeras prácticas como las que ilustra la última edición del Manual de desobediencia económica (2015)…”