una entrevista: «el filósofo que puede ir a la cárcel por protestar contra la inacción climática»

https://www.lavanguardia.com/natural/20260216/11466548/jorge-riechmann-filosofo-carcel-protestar-inaccion-climatica.html

Jorge Riechmann, el filósofo que puede ir a la cárcel por protestar contra la inacción climática. Se enfrenta a dos juicios

El poeta, matemático y profesor titular de universidad está acusado de resistencia a la autoridad, por un corte de calle en 2019, y de atentar contra el patrimonio histórico, por arrojar un líquido biodegradable en el Congreso en 2022

por Andrés Actis Fernández

 

El poeta, matemático y profesor de Filosofía Moral de la Autónoma de Madrid, Jorge Riechmann (63 años), ha separado de su biblioteca algunos libros por si le encarcelan. En la pila están Cartas desde la prisión, de Rosa Luxemburg, testimonio íntimo y político que la escritora polaca escribió entre 1915 y 1918, mientras estaba encarcelada en Alemania por su oposición al nazismo; y De Profundis, el texto más íntimo de Oscar Wilde, redactado desde la cárcel de Reading (Inglaterra), donde cumplió condena por su homosexualidad. “Si algún día entro en prisión, serán de mucha inspiración”, dice el catedrático mientras prepara su defensa para el primero de los juicios penales que tiene en su contra por su activismo climático. Está acusado de resistencia a la autoridad, por un corte de calle en 2019, y de atentar contra el patrimonio histórico, por arrojar un líquido biodegradable a las paredes del Congreso de los Diputados en 2022.

Sus abogados le han adelantado que si es condenado en ambos litigios -en el primero de los expedientes la Fiscalía pide 10 meses de prisión y en el segundo, 21- la pena, por acumulación de sentencias, podría ser de cárcel efectiva. En diálogo con La Vanguardia, Riechmann prefiere quitar dramatismo a este posible destino -«Es una posibilidad que uno asume cuando participa de acciones de desobediencia civil no violenta”, dice- y pide no desviar la atención del fondo de la cuestión, el motivo -la urgencia- que está impulsando a muchos científicos y profesores universitarios a dejar sus pizarras y laboratorios para salir a la calle a protestar: la inacción política contra el cambio climático, una “tragedia que va desplegándose” sin ninguna medida de calado para hacerle frente.

“Se supone que nuestras sociedades tienen que hacer algo con mucha urgencia y lo que estamos haciendo es una huida hacia adelante, sin afrontar realmente esta grave crisis ecosocial. Por lo tanto, está del todo justificado el tipo de protestas no violentas que distintos colectivos venimos realizando. Creo que tenemos la obligación moral y política de resistir, en la medida de nuestras fuerzas, frente a esta deriva ecocida”, explica sobre los motivos de su activismo.

Cuando el 7 de octubre de 2019, Riechmann y otros integrantes de la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y la organización Extinction Rebellion Spain cortaron el tráfico en el puente de la calle Joaquín Costa, en Nuevos Ministerios (Madrid), alertaban de un agravamiento de la crisis climática que, seis años más tarde, está ocurriendo: más calentamiento global -el planeta ha superado la línea roja de +1,5ºC en el promedio de los últimos tres años-, más límites planetarios sobrepasados -7 de 9, según la última revisión científica- y más eventos meteorológicos extremos, como la dana de Valencia o el tren de borrascas de las últimas semanas.

Ya en 1995, este profesor universitario escribió un artículo que tituló “Nuestra normalidad es la catástrofe”, en el que recopilaba toda la evidencia científica sobre los peligros extremos a los que se enfrentaba la humanidad por un capitalismo muy dependiente de los combustibles fósiles. “Treinta años después seguimos quemando petróleo y gas, seguimos con emisiones récord. ¿Cómo no vamos a salir a la calle a desobedecer de forma pacífica?», se pregunta.

Riechmann estaba citado para el 17 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, día de inicio del juicio por el corte del puente de Nuevos Ministerios. Esta semana, le notificaron que la audiencia se pospuso, por motivos de agenda, para el 26 de mayo. No estará solo. La misma acusación -resistencia grave a la autoridad- recae sobre los otros dos activistas que fueron detenidos aquel día, Marina Martínez y Francisco del Pozo.

“Toda nuestra ‘resistencia’ consistió en tratar de que la policía no nos lesionara al retirarnos del puente ocupado. Algunos compañeros y compañeras sí resultaron heridos, incluso con algún hueso roto”, recuerda el profesor. En la desobediencia civil pacífica participaron unos trescientos manifestantes. La conclusión de los organizadores es que las tres detenciones fueron “aleatorias, con afán de atemorizar”.

Riechmann se sentó sobre el asfalto. No se levantó cuando la policía dio la orden de desalojar la carretera. Resistió. “Estamos frente a un gran montaje policial. No puede haber prueba porque la acusación no es real. Lo que pasa es que en estos casos es, al final, la palabra de la policía. Llaman resistencia a la autoridad simplemente a intentar que no te hagan mucho daño al moverte”, se defiende.

El 6 de abril de 2022, el filósofo se sumó a la protesta que el colectivo Rebelión Científica organizó en el Congreso de los Diputados. Con batas blancas, cincuenta activistas se sentaron en las escalinatas para reclamar medidas frente al calentamiento global. Algunos de ellos, arrojaron pintura roja biodegradable -hecha a base de zumo de remolacha y cacao- contra la fachada de la puerta de los leones.

15 manifestantes fueron identificados y detenidos meses más tarde por personal policial. En este otro juicio, junto a Riechmann se sentarán la ambientóloga Marta García Pallarés y el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto, entre otras figuras del mundo científiico y académico. En un primer momento, la Fiscalía de Madrid incluyó una acusación por la interrupción de la sesión plenaria del Congreso.

Sin embargo, la por entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, declaró y negó que la protesta alterase el orden del día del Hemiciclo. El expediente judicial quedó caratulado de delito al patrimonio histórico, con un pedido de pena de 21 meses de cárcel para cada uno de los activistas climáticos.

“Esta segunda acusación tampoco es real. El líquido de color rojizo, que simulaba sangre, era biodegradable, fácilmente limpiable. Se confeccionó con con esas características para no dejar una mancha permanente”, aclara Riechmann. El auto de instrucción le da la razón a los denunciados: una limpieza con “agua a presión” por parte del Equipo Especial de Limpieza Urgente municipal de Madrid y la posterior intervención de un sistema de limpieza más sofisticado dejaron al inmueble sin ningún perjuicio patrimonial.

Este segundo juicio aún no tiene fecha. Riechmann asegura que, mientras pueda, seguirá protestando de forma pacífica por “la inacción frente a un peligro existencial”. “Puede ser necesario a veces afrontar un castigo para que las cosas cambien”, concluye sobre la posibilidad de entrar a prisión.

Más le preocupa la “persecución judicial” contra el activismo climático, que se ha intensificado en los últimos años con el aumento de las protestas. En diciembre, la Fiscalía de Granada pidió dos años de prisión a tres activistas del grupo ecologista Futuro Vegetal por bloquear un paso de peatones (delito de desórdenes públicos). “Acabar en la cárcel es uno de los motivos que me quitan el sueño y, a la vez, una posibilidad cada vez más certera”, revela Bilbo Bassaterra, cofundador de esta organización, quien también tiene varias causas abiertas por acciones de desobediencia civil.

En su defensa, Riechmann va a citar lo sucedido en Francia, en donde en un juicio similar -activistas acusados por encadenarse y bloquear el tráfico marítimo en un puerto en protesta a la construcción de una terminal de gas-, un magistrado absolvió a todos los imputados al entender que su acción ilícita se llevó a cabo para salvaguardar un interés superior: la protección de la vida ante los impactos climáticos derivados de las emisiones humanas.

La acción de desobediencia civil tuvo lugar en mayo de 2023. El juicio se celebró año y medio más tarde, en diciembre de 2024. Tras escuchar a las partes y analizar el caso, el juez del caso resolvió la absolución de los 16 acusados. Justificó su decisión en el “estado de necesidad”.

“Se trata de una figura del artículo 122-7 del Código Penal que puede ser definida como la situación en la que se encuentra una persona que frente a la posibilidad de que ella misma o un tercero sufra un daño más grave, decide realizar una acción contraria al ordenamiento jurídico, lesionando un bien o un derecho cuyo valor es menor”, explica Carlos Andrés Hecker Padilla, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Máster en Derecho por la Université de Bourgogne.

En la sentencia, el juez destacó que “Francia sufre las consecuencias del cambio climático provocado por la actividad humana” y que el país va camino de “no alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se había fijado”. Por tanto, “la realidad e inminencia del peligro [los impactos climáticos] están probadas”. Concluyó que “la obstrucción del tráfico parece haber sido necesaria para llamar la atención del público y de los medios de comunicación sobre la construcción de la nueva terminal de GNL en contradicción con el objetivo general de reducir el uso de combustibles fósiles”.

Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace, explica que en España nunca se ha aplicado el eximente del estado de necesidad. Por el momento, un solo tribunal, la Audiencia Provincial de Bizkaia, dictaminó una absolución al reconocer que el empleo de pintura lavable –dos activistas la arrojaron contra la entrada principal del Museo Guggenheim, en protesta por su proyecto de ampliación– no constituye un delito de daños.

Andrés Actis Fernández, periodista especializado en clima y medio ambiente

hacerlo ligero

Es un fin de mundo, sí. Pero no deberíamos intentar cargar ese peso sobre nuestras espaldas: nos quebraría (sobre todo si lo intentamos en soledad). Cabe intentar si acaso el difícil ejercicio que propone Adam Zagajewski (en su poema IMPROVISACIÓN): “Hay que hacerse cargo de todo el peso del mundo/ y hacerlo ligero…”

(En cada agenda mía de estos últimos años he copiado estos dos versos.)

la revista 15-15-15 se adhiere al llamamiento contra la criminalización de la protesta climática

«Rebelarse significa, aquí, desobedecer. Desobedecer y, de ese modo, negar su apoyo a unas instituciones que ponen el interés económico por delante del derecho a la vida.»

https://www.15-15-15.org/webzine/2026/02/12/nos-adherimos-al-llamamiento-contra-la-criminalizacion-de-la-protesta-climatica/

 

en el juzgado de lo penal por protestas climáticas

https://noticiasobreras.es/2026/02/en-el-juzgado-de-lo-penal-por-protestas-climaticas/

Vemos con desazón y espanto el genocidio en Gaza, la deriva fascista en EEUU, el avance de las ultraderechas en casi todo el mundo, la reacción frente a las conquistas del feminismo, las estrategias de contra-Ilustración, el despliegue de posverdad y máquinas de generar bulos, el asalto contra los recursos públicos y los bienes comunes, los ataques contra quienes defienden los derechos humanos, el descontrol de la tecnociencia, el caos climático frente al cual nuestras sociedades siguen básicamente sin actuar, el desgarro de la red de la vida (Sexta Gran Extinción), y nos preguntamos: ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Quién hubiera pensado que estaríamos así como sociedad a estas alturas de la historia? Nos miramos en un espejo y no nos reconocemos…

Por otra parte, si lo pensamos un poco (y estudiamos un poco también: historia, economía política, termodinámica, ecología, psicología, filosofía moral…), no resulta difícil entender el trasfondo de esta trayectoria catastrófica: no fuimos capaces de detener a tiempo el despliegue destructivo del capitalismo.

Pero vayamos a algo más concreto. Dentro de algunas semanas, el 17 de marzo de 2026, me veré ante la jueza titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, en el primer juicio penal que voy a afrontar en mi vida (aunque no será el último). He participado en diversas protestas noviolentas a lo largo de los años, como parte del trabajo que hacemos desde movimientos sociales como el ecologismo y el pacifismo, que luchan por la supervivencia y la emancipación. Lo he hecho convencido de que supone un deber cívico en un mundo atravesado de injusticia, explotación y opresión, donde van menguando las posibilidades de evitar los desenlaces peores. En particular, dos acciones de desobediencia civil pacífica contra la tragedia climática que va desplegándose en nuestro siglo –el Siglo de la Gran Prueba, como lo vengo llamando desde que titulé así un libro en 2013– dieron lugar a dos detenciones, estos últimos años.

Por una parte, el 7 de octubre de 2019 unos trescientos activistas y militantes, convocados por la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y por Extinction Rebellion Spain, cortamos el tráfico rodado el puente de la calle Joaquín Costa (junto a Nuevos Ministerios) y aguantamos la presión de la policía durante una hora y media aproximadamente. En ese contexto, tres personas fuimos detenidas (hubo además 180 identificaciones), y posteriormente remitidas al juzgado de instrucción bajo acusaciones engañosas –en otro más de los muchos montajes policiales que hemos vivido en años recientes–. Se nos acusa falsamente (a Paco del Pozo, Marina M. Martínez y a mí) de resistencia grave a la autoridad (artículo 556.1 del Código Penal español), castigada con penas de prisión de tres meses a un año o multas (de 6 a 18 meses). Toda nuestra “resistencia” consistió en tratar de que no nos lesionaran al retirarnos del puente –algunos compañeros y compañeras sí resultaron heridos, incluso con algún hueso roto–.

La segunda acción que me llevará más adelante ante otro juez o jueza tuvo lugar el 6 de abril de 2022, durante una semana de movilizaciones internacionales impulsadas por Rebelión Científica, surgida de Extinction Rebellion. En Madrid participamos un centenar de personas de varios colectivos, como Ecologistas en Acción –donde desarrollo mi militancia principal–. La protesta consistió en acercarnos sin ser detectados al Congreso de los Diputados y verter un líquido biodegradable de color rojizo, fácil de limpiar, en sus escaleras. La policía nos retiró al poco tiempo y se produjeron identificaciones que derivaron en la detención de 15 personas. En un principio se nos acusó de haber paralizado la actividad parlamentaria, lo que abría la puerta a una causa de carácter “antiterrorista” ante la Audiencia Nacional. Finalmente, esas acusaciones decayeron –incluida la de resistencia a la autoridad– y quedó sólo en firme la de daños al patrimonio histórico, por la que la Fiscalía de Madrid pide 21 meses de cárcel.

Por cierto, esta protesta dio lugar a una incisiva obra de teatro, Zumo de remolacha, a cuyo través el científico Fernando Valladares prosigue una obra de concienciación ejemplar. Hace unos días, Valladares escribía en una red (anti)social: “Vivimos tiempos extraños en los que quienes buscan la defensa de la vida son arrestados con mentiras. Si Jorge Riechmann, profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, llegara a entrar en la cárcel, estaríamos ante un solemne e injusto disparate”. Y es que si las cosas fueran mal y se sumaran dos condenas, tengo opciones para pasar algún tiempo en prisión.

No abrigo ningún deseo de que eso suceda, pero tampoco me quita el sueño. Por una parte, quienes hemos protestado en esas acciones estamos cumpliendo deberes básicos de ciudadanía, y lo hacemos con la conciencia tranquila. Se trata de actualizar un compromiso con la democracia y con la protección del mayor de los posibles bienes comunes: el derecho a la vida de las generaciones futuras, preservando la habitabilidad de la Tierra. Para llegar a la cita previa a la acción del 6 de abril de 2022 en el Congreso, tenía yo que atravesar caminando el Parque del Retiro. Iba valorando la situación, temiendo que hubiese quizá detenciones y acabásemos en los calabozos la gran Comisaría de Moratalaz, pasando revista a lo que debíamos hacer y evitar en una acción de desobediencia civil como la que iba a tener lugar apenas una hora después… y veía a gente haciendo deporte. Jubilados caminando rápido o corriendo, un piragüista en el gran Estanque, un joven practicando artes marciales… Cuidar el cuerpo está bien, sí. Pero ¿cuidar el cuerpo para qué? Y sentía yo aquella mañana una gran serenidad al pensar que mi vida, como la de las y los otros activistas a cuyo encuentro iba, estaba en cierto modo justificada. En un mundo desquiciado donde casi nada tiene sentido, nuestras vidas sí lo tienen. La desproporción entre lo que habría de lograrse y nuestras flacas fuerzas es enorme, pero al menos lo que hacemos se orienta bien. Sentimos quizá ecoangustia, pero al menos no la triste angustia del sinsentido existencial.

Por otro lado, ya Thoreau señaló que, en una sociedad injusta, el lugar para un ser humano que aspira a la justicia será en muchas ocasiones la cárcel. Uno intuye que quizá la prisión fuese un espacio de serenidad en un mundo cuyas dinámicas se aceleran para llevarnos hacia futuros infernales. Podría uno decirse a sí mismo: “bueno, hice casi todo lo que pude por evitar este horror”. En medio de las luchas de los años 1960, escribía el poeta gallego Uxío Novoneyra: “da vergüenza estar vivo”. En la cárcel ¿sentiría uno, quizá, menos vergüenza de estar vivo?

Reflexionemos un momento. El Consejo de Ministros de nuestro Gobierno aprobó el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España en enero de 2020. Pero, pese a que la situación objetiva empeora cada vez más, ni el Gobierno ni otras instituciones están actuando adecuadamente frente a esos peligros. Y la respuesta frente a la crisis ecológico-social que están dando, a nivel mundial, las derechas y ultraderechas es la peor de las posibles: negación de aspectos básicos de nuestra situación real, ideología supremacista y nacionalista, militarización de la sociedad y del pensamiento, preparación para luchar por recursos que se prevén escasos, sometimiento del “enemigo interno” y las minorías incómodas, represión de la disidencia. En suma: socialización en la crueldad y huida hacia adelante en un escenario de ecocidio más genocidio. Creo que tenemos la obligación moral y política de resistir, en la medida de nuestras fuerzas, frente a esta deriva homicida, liberticida, ecocida. Y como esto se veía venir, participé (en 2019 y 2022) en las protestas cuya represión me conduce ahora al juicio penal.

Soy bien consciente de la situación de privilegio desde la que afronto esta desagradable coyuntura: en comparación con las torturas, asesinatos y muchas formas de violación de los derechos humanos con que se están castigando en tantos lugares del mundo las resistencias a favor de la vida, y contra la necropolítica que trata de imponerse, un par de juicios en un Estado que todavía trata de ser Estado de Derecho no son gran cosa. Poca cosa comparada, por ejemplo, con los más de 2.253 ecologistas y defensoras del territorio asesinadas en poco más de un decenio, 2012-2024, en países del Sur global, con Brasil y Colombia en cabeza (informe Global Witness 2025).

Y, sin embargo, creo que tiene sentido llamar la atención sobre los y las activistas detenidas tras esta clase de protestas pacíficas, en nuestro país, en los últimos años, por dos razones. Una: en las derivas fascistas que vemos por casi todas partes, la represión de la actividad ético-política escala rápidamente hacia lo espantoso –y hemos de intentar impedir esa escalada–. Y, en segundo lugar, sucede que absorbidos por la geopolítica neoimperialista y los destrozos que provoca, estamos olvidando el nivel más básico e importante del entrelazamiento de crisis que experimentamos: la devastación ecológica. Por eso, recordar que estamos poniendo en riesgo nada menos que la habitabilidad de la Tierra –para seres como nosotros, no para la vida en general– me parece oportuno.

 

¿cerrar los ojos?

Si es cierto –como lo es– que vivimos en un mundo monstruosamente deformado, y que la destructividad y la injusticia sólo pueden mantenerse porque una mayoría elige ignorar sobre qué cimientos se levantan sus formas de vida, ¿no deberíamos considerar que el gesto de apartar la mirada o cerrar los ojos constituye una de las fuentes primarias y más graves de inmoralidad? Añadida a la inmoralidad de orden superior,[1] la inmoralidad de consentir en la inmoralidad de orden superior.

¿Puede ayudarnos la poesía? “Ciertos poemas ven lo que no vemos, lo que hemos renunciado a ver, y nos lo cuentan. Pero si no aprendemos ni tan siquiera un poco de su idioma, mala cosa”.[2]

 

[1] Más allá de los problemas morales dentro del sistema, ¿no planteará un megaproblema moral el sistema como tal? Los cristianos hablan de pecado estructural; el sociólogo estadounidense C. Wright Mills de una inmoralidad de orden superior… Véase también la noción de violencia estructural que encontramos en los estudios para la paz (Johan Galtung y otros/as).

[2] Jordi Doce, La insistencia, Pre-Textos, Valencia 2025, p. 16.

 

javier morales escribe sobre «el calentamiento literario y el global: de vilas a jorge riechmann»

«En una de esas paradojas siniestras que se dan en nuestra época, quienes matan y cercenan la vida en el planeta (los presidentes de las petroleras y los políticos que los sustentan se benefician del expolio y la masacre) se mueven por el mundo no solo con total impunidad, sino metiendo en la cárcel a quienes los acusan…»

https://elasombrario.publico.es/el-calentamiento-literario-y-el-global-de-vilas-a-jorge-riechmann/

 

no juzgar

No juzgar. Cuando uno examina las trayectorias vitales de los seres humanos –de todos, incluso de los que nos parecen lamentables; con la única excepción de los psicópatas declarados–, sólo puede sentir piedad. Tanto extravío, tanta indolencia, tanta cobardía, tanta locura, tanto esfuerzo mal encauzado, tanta desorientación, tanto ceder frente al mal… No juzgar. Pero sí advertir: estamos frente a un abismo y toca reaccionar bien.

se agradecen apoyos (tanto personales como de organizaciones) contra la represión de la protesta climática

Algunos amigos/as han organizado esta web contra la criminalización de la protesta climática  para recabar apoyos (tanto personales como de organizaciones). Se agradece la firma y la difusión:

norepresionprotestaclimatica.org

En cuanto a mi situación en todo esto:

https://www.publico.es/opinion/columnas/mis-dos-juicios-penales-protestas-climaticas.html

 

un manifiesto de apoyo desde la universidad de valencia

https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/es/noticias/manifiesto-apoyo-solidaridad-jorge-riechmann-marina-martinez-paco-del-pozo-del-grupo-investigacion-estudios-sostenibilidad-esdesost-universidad-valencia-1285923348040/Novetat.html?id=1286471884694

Manifiesto del Grupo de Investigación en Estudios de Sostenibilidad (ESDESOST) de la Universidad de Valencia: apoyo y solidaridad con Jorge Riechmann, Marina Martínez y Paco del Pozo

El próximo 17 de marzo el profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid Jorge Riechmann y los activistas climáticos Francisco del Pozo y Marina Martínez se verán ante la jueza titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid acusados falsamente de resistencia grave a la autoridad (artículo 556.1 del Código Penal español), castigada con penas de prisión de tres meses a un año o multas. Los tres acusados, convocados por la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y por Extinction Rebellion Spain, participaban en una acción de protesta pacífica frente a la catástrofe climática global. Ante tal provocación para la seguridad nacional, fueron detenidos y procesados.

Desde el Grupo de Investigación en Estudios de Sostenibilidad (ESDESOST) de la Universidad de Valencia entendemos que nuestra responsabilidad como trabajadores de la universidades públicas nos obliga a procurar el bien común de nuestra sociedad y a denunciar, desde la ciencia y la conciencia ciudadana, los peligros que desde las prácticas ecocidas del actual sistema capitalista amenazan nuestro futuro colectivo. Hacemos público nuestro apoyo y solidaridad total con Marina Martínez, Francisco del Pozo y Jorge Riechmann y manifestamos nuestra más enérgica repulsa a la criminalización totalitaria de las protestas pacíficas así como el intento de amordazamiento del personal docente e investigador de las universidades públicas españolas.

Para suscribir este manifiesto enviad un correo electrónico a <jose.m.rodriguez@uv.es> indicando:
Nombre, correo electrónico, DNI y universidad u organización de pertenencia.

mis dos juicios penales por protestas climáticas

https://www.publico.es/opinion/columnas/mis-dos-juicios-penales-protestas-climaticas.html

Dentro de algunas semanas me veré ante la jueza titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, en el primer juicio penal que voy a afrontar en mi vida (pero no será el último). Tendrá lugar el 17 de marzo de 2026.

He participado en diversas protestas noviolentas a lo largo de los años, dentro del trabajo que hacemos desde movimientos sociales, como el ecologismo y el pacifismo, que luchan por la supervivencia y la emancipación. Lo he hecho convencido de que es lo que nos corresponde en un mundo atravesado de injusticia, explotación y opresión donde van menguando las posibilidades de evitar los desenlaces peores. En particular, dos acciones de desobediencia civil pacífica (contra la tragedia climática que va desplegándose en nuestro siglo, que yo llamo desde hace años el Siglo de la Gran Prueba) dieron lugar a dos detenciones, estos últimos años.

Por una parte, el 7 de octubre de 2019 unos trescientos activistas y militantes, convocados por la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y por Extinction Rebellion Spain, cortamos el tráfico rodado en una de las principales avenidas de Madrid (el puente de la calle Joaquín Costa, al lado de Nuevos Ministerios) y aguantamos la presión de la policía durante una hora y media aproximadamente. En ese contexto, tres personas fuimos detenidas (hubo además 180 identificaciones) y posteriormente remitidas al juzgado de instrucción con acusaciones falsas. (Sobre las circunstancias de esta protesta puede verse: “Rompe la ola de movilizaciones ante la amenaza de catástrofe climática global”, 7 de octubre de 2019).

Se nos acusa falsamente (a Paco del Pozo, Marina Martínez y a mí) de resistencia grave a la autoridad (artículo 556.1 del Código Penal español), castigada con penas de prisión de tres meses a un año o multas (de 6 a 18 meses). Toda nuestra ‘resistencia’ consistió en tratar de que no nos lesionaran al retirarnos del puente ocupado –algunos compañeros y compañeras sí resultaron heridas, incluso con algún hueso roto–.

En realidad, el asunto tendría un par de aspectos paradójicos. El bien jurídico que se supone protege este artículo del Código Penal y otros cercanos es el buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas; pero apenas cabe imaginar mayor amenaza contra ellos que el agravamiento del cambio climático, precisamente aquello frente a lo que protestábamos. De hecho, el caos climático hacia el que avanzamos amenaza casi todos los bienes jurídicos que el Código Penal quiere proteger. Aquella mañana otoñal de 2019, quienes defendían un mundo habitable donde pudieran desarrollarse vidas dignas de ser vividas éramos los y las desobedientes civiles, no los policías.

Por otra parte, el delito que se nos imputa es “resistir o desobedecer gravemente a la autoridad o sus agentes”. Ahora bien, el artículo 550 de nuestro Código Penal estipula que “se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”. Pero sucede que yo soy un funcionario docente (profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid), y cabría argumentar que, como profesor universitario de ética y filosofía política, al protestar contra el ecocidio y genocidio climático que se está gestando me hallaba en el pleno ejercicio de las funciones propias de mi cargo (algunas de mis estudiantes participaron en la protesta, codo con codo y mostrando un coraje ejemplar). Desde esta perspectiva, la paradoja es evidente: el atentado podría imputarse antes a quienes me detuvieron a mí. Aunque me temo que no resultará sencillo convencer a la jueza de este razonamiento.

La segunda acción que me llevará más adelante ante otro juez o jueza tuvo lugar el 6 de abril de 2022. En esos días, durante una semana larga de movilizaciones impulsadas a nivel internacional por Rebelión Científica (grupo que nació de Extinction Rebellion), se organizaron diversas acciones reivindicativas. En Madrid participamos un centenar de personas vinculadas a varios colectivos, como Ecologistas en Acción (donde desarrollo mi militancia principal).

La protesta consistió en acercarnos sin ser descubiertos al Congreso de los Diputados y verter un líquido biodegradable de color rojizo, fácil de limpiar, en las escaleras del Congreso. La policía nos retiró al poco tiempo y se produjeron identificaciones que luego derivaron en la detención de 15 personas. En un principio se nos acusó de haber paralizado la actividad parlamentaria, lo que abría la puerta a una causa de carácter “antiterrorista” ante la Audiencia Nacional. Finalmente, esas acusaciones decayeron —incluida la de resistencia a la autoridad— y quedó sólo en firme la de daños al patrimonio histórico, por la que la Fiscalía de Madrid pide 21 meses de cárcel. Por cierto, esta protesta ha dado lugar a una incisiva obra de teatro, Zumo de remolacha, a cuyo través el científico Fernando Valladares prosigue una obra de concienciación ejemplar.

De manera que, si las cosas fueran mal y se sumaran dos condenas, tengo opciones para pasar algún tiempo en la cárcel. Volvamos al contexto más amplio: el Consejo de Ministros de nuestro Gobierno aprobó el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España en enero de 2020. Pero, pese a que la situación objetiva empeora cada vez más, ni el Gobierno ni otras instituciones están actuando adecuadamente frente a esos peligros. Y la respuesta frente a la crisis ecológico-social que están dando, a nivel mundial, las derechas y ultraderechas, es la peor de las posibles: negación de aspectos básicos de nuestra situación real, ideología supremacista y nacionalista, militarización de la sociedad y del pensamiento, preparación para luchar por recursos que se prevén escasos, sometimiento del “enemigo interno” y las minorías incómodas, represión de la disidencia. En suma: socialización en la crueldad y huida hacia adelante en un escenario de ecocidio más genocidio. Creo que tenemos la obligación moral y política de resistir, en la medida de nuestras fuerzas, frente a esta deriva homicida, liberticida, ecocida. Y como esto se veía venir, participé –en 2019 y 2022– en las protestas cuya represión me conduce ahora al juicio penal.

Soy bien consciente de la situación de privilegio desde la que afronto esta desagradable coyuntura: en comparación con las torturas, asesinatos y muchas formas de violación de los derechos humanos con que se están castigando en tantos lugares del mundo las resistencias a favor de la vida, y contra la necropolítica que trata de imponerse, un par de juicios en un Estado que todavía trata de ser Estado de Derecho no son gran cosa. Poca cosa comparada, por ejemplo, con los más de 2.253 ecologistas y defensoras del territorio asesinadas en poco más de un decenio, 2012-2024, en países del Sur global, con Brasil y Colombia en cabeza (informe Global Witness 2025). Aprovecho este espacio en prensa para agradecer públicamente el valiosísimo trabajo del colectivo de abogadas y abogados de Legal Sol (una de las buenas herencias del 15-M), que nos defienden con asistencia jurídica gratuita en estos casos de detenciones y juicios (y muchos otros similares).

Y, sin embargo, creo que tiene sentido llamar la atención sobre los y las activistas detenidas tras esta clase de protestas pacíficas, en nuestro país, en los últimos años, por dos razones. Una: en las derivas fascistas que vemos por casi todas partes, la represión de la actividad ético-política escala rápidamente hacia lo espantoso (y hemos de intentar impedir esa escalada). Y, en segundo lugar, absorbidos por la geopolítica neoimperialista y los destrozos que provoca, estamos olvidando el nivel más básico e importante del entrelazamiento de crisis que experimentamos: la devastación ecológica. Por eso, recordar que estamos poniendo en riesgo nada menos que la habitabilidad de la Tierra (para seres como nosotros, no para la vida en general) me parece oportuno.