¿Estamos luchando por la justicia?, se preguntaba Simone Weil ante el avance del fascismo en Europa. Para pensar esa pregunta, recurría a Tucídides, quien en su Historia de la Guerra del Peloponeso recordaba a los atenienses que “el examen de lo justo tan solo se lleva acabo cuando existe la misma necesidad por ambas partes. Cuando hay un fuerte y un débil, el primero ejecuta lo posible y el segundo lo acepta”. Simone Weil subrayaba que “los griegos definían admirablemente la justicia como consentimiento mutuo”: una justicia que solo puede existir allí donde no hay dominio, donde la fuerza no se impone como criterio.
Hoy, ante la devastación de Palestina, esa pregunta vuelve a interpelarnos con la misma urgencia: ¿estamos luchando por la justicia o aceptando que la fuerza decida lo posible?
Hay momentos en la historia en los que el sufrimiento de un pueblo se vuelve tan insoportable que mirar hacia otro lado deja de ser una omisión y se convierte en una forma de violencia. Lo que ocurre hoy en Palestina pertenece a esa categoría moral extrema. No es solo una tragedia: es una interpelación. Una exigencia ética que alcanza a toda la humanidad.
Simone Weil escribió que la verdadera justicia comienza por la atención: por la capacidad de mirar el dolor del otro sin apartar la vista, sin justificarlo, sin relegarlo a la periferia de nuestra conciencia. Esa atención —frágil, incómoda, radical— es lo primero que se está quebrando en el mundo ante la aniquilación sistemática del pueblo palestino. Y todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos. Cuando el sufrimiento se vuelve cotidiano, cuando la muerte se vuelve estadística, cuando la destrucción se vuelve rutina, algo esencial en nosotros se desmorona.
En Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt advirtió que el mal no siempre se presenta con estridencia: a veces avanza en silencio, protegido por la burocracia, por la obediencia, por la normalización del horror. Lo que vemos hoy es precisamente eso: una maquinaria que produce vidas sin derechos, poblaciones enteras reducidas a lo que Hannah Arendt llamó “seres superfluos”. Sobre todo, asistimos a la ruptura del principio más básico de la vida política: la igualdad no es un hecho natural, sino una construcción humana que sólo existe cuando decidimos reconocernos mutuamente como sujetos de derechos. Cuando permitimos que algunas vidas sean tratadas como prescindibles, renunciamos a esa tarea común y destruimos el fundamento mismo de la justicia.
A ello se suma una comunidad internacional atrapada en su propia parálisis moral, que permite que la deshumanización se vuelva administrable, incluso justificable. Por eso escribo. Porque no puedo aceptar que el mundo se acostumbre a este horror. Porque no puedo aceptar que la indiferencia se extienda sin resistencia. Porque no puedo aceptar que la devastación de un pueblo se convierta en un hecho más del ciclo informativo.
No escribo desde el odio. Escribo desde la responsabilidad. Desde la convicción de que la ética no es una opción, sino una obligación. Desde la certeza de que ninguna identidad, ningún trauma histórico, ninguna razón de Estado puede justificar la destrucción sistemática de un pueblo.
Lo que ocurre en Palestina no es un conflicto lejano: es un espejo que nos confronta. Un examen moral. Una pregunta que nos alcanza a todas y todos: ¿qué queda de nuestra humanidad si aceptamos que algunas vidas pueden ser destruidas sin que nada en nuestro interior se quiebre, mientras seguimos con nuestras vidas como si ese dolor no nos concerniera? Si eso no nos estremece, entonces lo que está en peligro no es solo un pueblo: es la idea misma de humanidad.

Manu Fernández, doctor en Filosofía

https://www.publico.es/opinion/columnas/proceso-jorge-riechmann-protesta-climatica.html

El proceso: Jorge Riechmann y la protesta climática

María Eugenia Rodríguez Palop. Profesora de Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Eurodiputada (2019-2024)

Jorge Riechmann no es una amenaza, pero fue detenido el 7 de octubre de 2019, junto al técnico en energía Paco del Pozo y la psicóloga Marina M. Martínez, por haber participado en una protesta climática pacífica. El próximo día 26, se enfrentan a un juicio penal acusados de resistencia grave a la autoridad por el que la Fiscalía pide diez meses de prisión. Riechmann, además, está imputado por haber arrojado un líquido rojo biodegradable en la fachada del Congreso de los Diputados junto a otros académicos y activistas.  Filósofo, poeta, profesor universitario y autor de una extensísima obra, su suerte procesal será una prueba de fuego para nuestra salud constitucional y nuestra calidad democrática. Nos dirá mucho del grado en que estamos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión, el derecho de reunión y la desobediencia civil no violenta.

Perseguir a quienes se movilizan para alertar sobre una emergencia climática sobre la que existe un consenso científico abrumador, supone castigar a quienes señalan el incendio y normalizar a quienes lo avivan. El caso de Jorge Riechmann ilustra una amplia tendencia de criminalización y estrechamiento del espacio cívico con la que se intenta inmovilizar a la gente y eludir responsabilidades estructurales.

En un Estado constitucional, la protesta pacífica es señal de pluralismo político y ciudadanía activa; una forma legítima de participación pública, especialmente cuando se persigue una finalidad de evidente interés general. Por eso, no toda acción disruptiva ha de recibir una respuesta penal. El derecho penal no puede convertirse en un mecanismo de pedagogía disciplinaria ni en una herramienta para blindar el statu quo a base de castigos ejemplarizantes.

De hecho, el artículo 557 de nuestro código penal exige una interpretación estricta acorde con el principio de legalidad, y no ampara la persecución de una protesta simplemente porque sea molesta, incómoda o contundente. Hay que probar la gravedad del resultado y la existencia de un ánimo intimidatorio o violento. La mera ocupación simbólica, la interrupción temporal o la visibilización mediática no satisfacen los elementos del tipo.

El Tribunal Constitucional español ha reiterado también que el derecho de reunión tiene una función central en el pluralismo y su limitación exige una motivación suficiente. Es decir, que el control de proporcionalidad debe reforzarse especialmente frente a manifestaciones vinculadas a la crítica política y social. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre el efecto disuasorio que producen las sanciones penales o administrativas sobre protestas pacíficas, advirtiendo de que su imposición podría ser desproporcionada si acaban desalentando el debate público sobre asuntos de interés general.

En contextos de emergencia climática, la desobediencia civil no violenta se sitúa en la intersección entre nuestros deberes éticos y nuestros derechos políticos porque ayuda a corregir fallos sistémicos o institucionales. Su criminalización desactiva los canales que facilitan la (in)formación y la orientación de la voluntad popular.

Quienes trabajamos la filosofía del derecho (y en esto coincido con Jorge Riechmann) sabemos que puede haber oposición entre la legalidad que emana de las instituciones y la legitimidad de esas mismas instituciones, de manera que, en según qué términos, es posible justificar la desobediencia civil o la resistencia. El descontento no se canaliza solo a través de citas electorales o mediante un sistema judicial eficiente, capitaneado por supuestos jueces incorruptibles que «pronuncian» la ley, porque en una democracia constitucional lo importante no es que la ley sea la ley, sino que no sea solo eso. Es absurdo pensar que no hay nada entre la persona de orden que vota cada cuatro años, se reúne con autorización, se manifiesta en actitud festiva y a golpe de batucada, y los presuntos delincuentes que salen a las calles desordenadamente, aunque sea de forma pacífica y para defender nuestros derechos frente a los abusos del poder político o económico.

Como dice Habermas, todo Estado democrático de derecho debería entender que la desobediencia frente a una violación de derechos orquestada o consentida desde el sistema es una parte necesaria de la cultura democrática. No solo porque, a diferencia de la comisión de un delito, está moralmente fundada, sino porque apela a los fundamentos mismos del orden constitucional. Decir que un acto es ilegítimo, o que no está justificado, simplemente porque existe una norma que lo prohíbe, es una afirmación completamente extemporánea en un sistema que, como el democrático, no funda su legitimidad en la pura legalidad. Si queremos ciudadanos conscientes y racionales para que legitimen los procesos legales con sus votos, hemos de asumir que estos mismos ciudadanos sometan al poder político a un cuidadoso escrutinio y a una permanente crítica y revisión.

De modo que, aunque traspase los límites de lo jurídicamente establecido, una acción pacífica de protesta que se apoya en derechos conquistados y garantizados constitucionalmente, no puede ser, en puridad, una acción sediciosa, porque lo que la mueve no son las creencias privadas o los intereses propios de unos cuantos individuos sino las razones moralmente compartidas que le dan sentido al mismísimo sistema democrático. Así entendida, la desobediencia civil no pretende derrocar o subvertir un orden basado en derechos, sino más bien resistir a su desmantelamiento institucional.

En un Estado que pretenda ser legítimo y democrático, que quiera recabar para sí una adhesión ciudadana voluntaria y genuina, una movilización ecologista debería recibir un tratamiento político mucho más refinado e inteligente. Jorge Riechmann se enfrenta a un juicio el próximo martes. Penalizar a quienes defienden la Tierra y los bienes comunes en nombre de un aparente legalismo sin matices es un error normativo que acabará por corroer la propia estructura jurídica que dice defender.

https://climatica.coop/juicios-activismo-climatico/

Y el podcast: https://climatica.coop/podcast-climatica-expres-a-juicio-por-un-zumo-de-remolacha-y-el-dia-de-la-biodiversidad/

https://elpais.com/opinion/2026-05-22/criminalizar-la-protesta-climatica-la-pesadilla-kafkiana-de-jorge-riechmann.html

Criminalizar la protesta climática: la pesadilla kafkiana de Jorge Riechmann

https://elperiodicodelapalma.com/alfonso-montes-de-oca-la-gestion-de-los-fondos-de-la-reconstruccion-ha-ayudado-a-dar-a-conocer-el-trabajo-de-la-reserva-de-la-biosfera/

Cuidar la Tierra no es un delito

https://www.15-15-15.org/webzine/2026/05/19/cuidar-la-tierra-no-es-delito/

Alfonso Madrid Echeverria, antropólogo y divulgador científico

Corporación Escuela Horizonte de Pensamiento Popular (EHPP), Lo Hormida, Chile

Cuidar la Tierra no es delito porque proteger las condiciones que hacen posible la vida constituye un deber ético, social e incluso histórico de la humanidad. Delito es destruir aquello de lo que depende la existencia colectiva: el agua, los bosques, el aire, los territorios y las comunidades humanas que viven en relación con ellos.

La defensa de la Tierra nace del principio más básico de supervivencia y responsabilidad intergeneracional. Ninguna sociedad puede sostenerse sobre la devastación permanente de la naturaleza sin poner en riesgo su propia continuidad. Por eso, quienes actúan para denunciar la crisis ecológica no están atacando a la sociedad: están alertando sobre un modelo que normaliza la destrucción ambiental en beneficio de privilegios económicos y políticos cada vez más concentrados.

Llamar “resistencia grave a la autoridad” a acciones de protesta no violenta distorsiona el sentido mismo de la justicia. La desobediencia civil pacífica ha sido, históricamente, una herramienta legítima frente a leyes, poderes o decisiones que perpetúan injusticias. Defender la Tierra mediante acciones simbólicas, visibles y no violentas no puede equipararse a la violencia real que implica destruir ecosistemas, contaminar ríos, expulsar pueblos de sus territorios o acelerar el colapso climático.

Además, verter un líquido biodegradable y fácil de limpiar, o participar en una cadena humana pacífica, no constituye un ataque contra la convivencia democrática. Por el contrario, son formas de participación política y expresión colectiva orientadas a visibilizar una emergencia planetaria que afecta a toda la humanidad. Criminalizar estas acciones supone desplazar el foco: se persigue a quienes denuncian el daño, mientras el daño estructural continúa.

La verdadera amenaza para la convivencia humana no proviene de quienes protegen la vida, sino de un modelo de poder que convierte la naturaleza en mercancía y subordina el bienestar colectivo a intereses privados. Cuando la ley castiga con mayor dureza a quienes intentan defender el planeta que a quienes contribuyen a su destrucción, aparece una profunda contradicción ética y política.

Cuidar la Tierra no es delito. Es responsabilidad, conciencia histórica y defensa de la vida común. Los pueblos que resisten en defensa del territorio, del clima y de la naturaleza no expresan criminalidad: expresan dignidad, memoria y futuro.

Cuidar la Tierra no es delito porque proteger las condiciones que hacen posible la vida constituye un deber ético, social e histórico de la humanidad. Delito es destruir aquello de lo que depende la existencia colectiva: el agua, los bosques, el aire, los territorios y las comunidades humanas que viven en relación con ellos.

La defensa de la Tierra nace del principio más elemental de supervivencia y responsabilidad intergeneracional. Ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente sobre la devastación de la naturaleza sin poner en riesgo su propia continuidad. Quienes actúan para denunciar la crisis ecológica no atacan a la sociedad: intentan evitar su colapso moral, ambiental y humano.

A lo largo del mundo, innumerables personas han entregado incluso su vida por proteger la naturaleza y los derechos de los pueblos. En Honduras, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 por defender los ríos y territorios del pueblo lenca frente a proyectos extractivos. Su lucha se convirtió en símbolo mundial de la defensa de la Tierra y de los pueblos originarios.

En Brazil, Chico Mendes fue asesinado en 1988 por defender la Amazonía y las comunidades campesinas frente a la destrucción forestal. Su muerte reveló el enorme poder económico y político que muchas veces se enfrenta violentamente a quienes protegen la vida.

En Nigeria, Ken Saro-Wiwa fue ejecutado por denunciar la devastación ambiental causada por la explotación petrolera en el territorio ogoni. Su lucha mostró cómo la defensa del ambiente también es defensa de la dignidad humana y de los derechos colectivos.

En Peru, Edwin Chota fue asesinado junto a otros dirigentes indígenas por enfrentar la tala ilegal en la Amazonía. Como él, cientos de líderes indígenas, campesinos y defensores ambientales son perseguidos cada año por proteger bosques, ríos y territorios ancestrales.

Estos casos no son excepciones aisladas: son parte de una realidad global donde defender la Tierra puede implicar persecución, criminalización o incluso la muerte. La violencia estructural contra quienes protegen la vida contrasta con la falta de protección efectiva para los ecosistemas que sostienen a toda la humanidad.

En el sur del mundo, el Pueblo Mapuche continúa enfrentando procesos de despojo territorial, criminalización y conflictos asociados a la defensa de sus tierras ancestrales. Diversas comunidades denuncian la expansión de proyectos extractivos, forestales y energéticos sobre territorios tradicionales, mientras que desde organizaciones sociales se ha señalado reiteradamente la persistencia de una respuesta estatal centrada más en la represión que en el diálogo intercultural y la reparación histórica. Este conflicto evidencia tensiones profundas entre modelos de desarrollo y derechos de los pueblos originarios, así como el persistente silencio o insuficiencia de respuestas estructurales por parte de los Estados involucrados.

La verdadera violencia no proviene de quienes protestan pacíficamente o realizan acciones simbólicas para alertar sobre la emergencia climática. La violencia real proviene de un modelo económico y político que destruye ecosistemas enteros, desplaza comunidades y criminaliza a quienes resisten. La historia demuestra que muchas conquistas sociales y humanas nacieron de actos de resistencia considerados ilegítimos por el poder de su tiempo. Hoy, quienes defienden la Tierra continúan esa tradición ética: proteger la vida frente a estructuras que privilegian el beneficio económico y la lógica de la fuerza sobre el bienestar colectivo.

En este contexto, cobra especial relevancia la labor de Jorge Riechmann, quien desde la universidad en Madrid y su trabajo ecologista en la Sierra de Guadarrama ha desarrollado una obra y una enseñanza constante centradas en la ecología política, la ética, la ciudadanía responsable y los derechos humanos. Su trabajo intelectual y pedagógico insiste en la necesidad de repensar la relación entre sociedad y naturaleza, poniendo la vida en el centro frente a modelos de desarrollo que la subordinan al beneficio económico.

Cuidar la Tierra no es delito. Es una forma de defender la humanidad, la memoria de los pueblos y el derecho de las generaciones futuras a existir en un planeta habitable. Quienes arriesgan su libertad o su vida para proteger el agua, los bosques y los territorios no representan criminalidad: representan dignidad, conciencia histórica y compromiso con la vida común.

manifiesto-ecosocialista-euskal-herria-2026-CAST

https://omal.info/manifiesto-ecosocialista-de-euskal-herria-2026/

Manifiesto Ecosocialista de Euskal Herria 2026

10 años de ecosocialismo en Euskal Herria

Diez años después: Un mundo más insostenible y violento

Hace 10 años, el manifiesto final del III Encuentro Ecosocialista Internacional celebrado en Euskal Herria mencionaba de manera explícita la urgencia ecológica provocada por la superación de los límites biofísicos, y alertaba de la emergencia social generada por desplazamientos migratorios forzosos, precariedades y violencias crecientes, situando el origen de estos dos problemas -estrechamente relacionados- en el orden institucionalizado en torno al sistema capitalista. Más específicamente, en su dinámica de crecimiento ilimitado, en función de la maximización de las ganancias corporativas.

10 años después, lamentablemente, este análisis se muestra certero y premonitorio, poniendo de manifiesto la más que evidente inacción ecosocial de la comunidad internacional ante unos retos urgentes y de calado. No obstante, el diagnóstico realizado hace una década apenas era capaz de prever la amplitud e intensidad de los funestos fenómenos que definen hoy en día el panorama internacional.

En términos ecológicos, y según el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en 2025 se superaron ya siete de los nueve límites biofísicos planetarios: cambio climático –1,44 ºC de incremento respecto a la época preindustrial–, biodiversidad, deforestación, agua dulce, ciclos del nitrógeno y el fósforo, contaminación química y acidificación de los océanos, todos los cuales han trascendido sus márgenes de seguridad –cuando solo cuatro lo habían hecho en 2015–, mientras que los dos restantes -el agotamiento de la capa de ozono y la carga de aerosoles atmosféricos- quedarían como los únicos dos ámbitos no sobrepasados.

En términos económicos la errática dinámica internacional, azuzada por el estallido financiero de 2008, se ha agravado en los últimos años, sin viso alguno de mejora. El capitalismo está estancado –un magro 2,4 % de crecimiento esperado para la década presente–, sufre de sobrecapacidad productiva, y apenas la financiarización lo sostiene con respiración asistida. En otras palabras, la tarta del crecimiento se achica –especialmente para las y los trabajadores–, los capitales que pugnan por la misma son abundantes –desarrollándose un juego de suma cero en el que solo uno gana, siendo este China en la mayoría de muchos rubros estratégicos–, y el marco en el que estos actúan es altamente inestable, incrementándose el riesgo de estallidos de todo tipo.

Se impone de este modo la guerra económica como sentido de época, a través de una competencia extrema por el control de mercados, rutas comerciales (Groenlandia, Oriente Medio), inversiones estratégicas (inteligencia artificial, semiconductores, economía verde) y, muy especialmente, el acaparamiento de suministros como las energías fósiles y la minería metálica.

En coherencia, y en términos políticos, el orden internacional basado en el multilateralismo, las reglas compartidas y la democracia liberal, ha saltado por los aires en el último lustro. Pese a tratarse este de un modelo de gobernanza sesgado a favor de las potencias occidentales, apuntalado por una lex mercatoria que blinda los intereses de sus corporaciones, y definido por un marco de baja intensidad democrática, el contexto de crisis global y la consolidación de China como hegemón económico han modificado el tablero mundial.

Ahora son las agendas reaccionarias y autoritarias de las extremas derechas, con la fuerza y la violencia como valores fuertes, así como el avance del régimen de guerra, quienes imperan en un panorama político trastocado en sus principales términos por EE. UU. y sus aliados, entre ellos Israel y la Unión Europea. La secuencia de guerras y agresiones imperialistas se acelera de este modo –Ucrania, genocidio en Gaza, Venezuela, Irán–, dentro de una peligrosa espiral militarista, en un contexto marcado por el riesgo de contienda nuclear.

Sin duda, somos las mayorías populares y la clase trabajadora en su conjunto quienes sufrimos de manera específica los embates de esta tormenta perfecta que está generando el capitalismo. Quienes enfrentamos en primera línea los desastres naturales. Quienes, de una manera cruelmente asimétrica, tenemos crecientes dificultades para la reproducción de nuestras vidas, explotadas y atravesadas por una precariedad cada vez más generalizada. Quienes somos expropiadas de lo común, y de nuestros propios trabajos. Quienes nos vemos obligadas a emigrar por motivos económicos, políticos, y/o ambientales. Quienes resistimos las agresiones de la extrema derecha y sus agendas reaccionarias. Quienes nos convertimos en las primeras víctimas directas del militarismo y de la guerra.

Agenda ecosocialista, más necesaria y urgente que nunca

Frente al diagnóstico global expuesto en el apartado anterior, el manifiesto del Encuentro celebrado en Euskal Herria en 2016 también alertaba de los cantos de sirena del capitalismo verde, que amenazaba con reproducir el mismo modelo de consumo y perpetuar las mismas estructuras que generaron la urgencia ecológica y la emergencia social. Este, reconvertido hoy en capitalismo verde oliva y digital -como versión hegemónica tras la pandemia– pretende que la suma de alianzas público-privadas e inversiones masivas en energía, economía verde, digitalización y armamento, ofrecen una oportunidad económica y una respuesta política a la conflictividad geopolítica que el propio sistema ha generado, conduciéndonos hacia un horizonte de crecimiento estable y generalizado, así como a un desacoplamiento de dicho crecimiento, con respecto a las emisiones contaminantes, y frente al consumo energético y material.

El impacto real de esta agenda oficial, no obstante, es diametralmente opuesto al planteado: ni se revierte el estancamiento económico, ni se avanza en términos de sostenibilidad, ni se reducen en términos absolutos las emisiones y el consumo físico –sí en algún territorio específico, pero nunca al ritmo comprometido, y, sin tener en cuenta la naturaleza global de las cadenas de valor en las que cada país o región están involucrados–. Por el contrario, se refuerza el poder corporativo como protagonista –y por tanto la vigencia de la maximización de la ganancia como meta fundamental–, se consolida la dinámica extractivista –sobre todo de energía y minería metálica–, y se azuza la guerra económica respecto a los suministros estratégicos, así como el régimen de guerra dentro de la escalada militarista que lo define.

Por lo tanto, este capitalismo verde oliva y digital no supone solución alguna sino, al contrario, es la agenda con la que explícitamente hay que confrontar. Tampoco lo son las versiones neokeynesianas de este que, comprando su marco general y descontextualizando la emergencia climática respecto al conjunto de parámetros que definen el panorama internacional actual, plantean dirigir estrategias nacionales de transición desde gobiernos “progresistas” a través de una mezcla de pactismo con las grandes empresas, innovaciones tecnológicas y cambios sociológicos progresivos. Evitan, en consecuencia, cualquier transformación en profundidad y renuncian a la necesidad de generar movilización popular; niegan la lucha de clases; soslayan la relevancia estratégica de la propiedad pública; y obvian el carácter retardista de un poder corporativo, atravesado por el estancamiento secular y la sobrecapacidad productiva.

Queremos, por tanto, reforzar nuestra apuesta por el ecosocialismo como agenda estratégica de superación radical del estado de cosas actual. Y lo hacemos desde Euskal Herria, un país con su idiosincrasia, pero también atravesado por muchas de las variables que definen el contexto global en la actualidad: un país del Norte Global, pero sin soberanía para tomar decisiones en todos los ámbitos estratégicos; un país de renta alta, pero con una matriz económica vulnerable –automoción, aeronáutica, máquina-herramienta, siderometalurgia, sector armamentístico, etc.–; un país muy consumidor de energías fósiles, pero absolutamente dependiente del exterior; un país con instituciones volcadas en políticas en favor del poder corporativo, apuntalando su dinámica desde la esfera pública; un país, también, que cuenta con una mayoría sindical confrontativa y de clase, así como con una trayectoria de notable movilización popular.

Para el movimiento ecosocialista de Euskal Herria, la última década ha sido un tiempo de aprendizaje acelerado y de maduración política. Desde los III Encuentros Ecosocialistas Internacionales, las luchas ecosociales han avanzado en cuatro direcciones clave: la articulación interseccional entre sindicalismo, feminismo y ecologismo -con la mayoría sindical vasca asumiendo posiciones explícitamente ecosocialistas-; la huelga general por unas pensiones y vidas dignas de 2020; la huelga general feminista de 2023 en defensa de un sistema público-comunitario de cuidados; el arraigo territorial materializado en experiencias concretas (el proyecto de un Índice de sostenibilidad de Busturialdea-Urdaibai o el acompañamiento a la reconversión industrial de Mecaner); la defensa del territorio frente a los megaproyectos corporativos (Guggenheim Urdaibai, entre otros); y la construcción de una pedagogía ecosocialista que facilite su difusión y desarrollo.

Hemos aprendido también que las victorias parciales son posibles y necesarias. Que no hay transición justa sin conflicto ni movilización popular. Que el ecosocialismo en Euskal Herria solo tiene sentido si se construye desde lo común, lo feminista y lo internacionalista, en diálogo permanente con los pueblos del Sur global.

Abogamos pues por un ecosocialismo que, bajo una bandera de cuatro colores (verde ecologista, rojo de la justicia social, violeta feminista y negro del empoderamiento ciudadano) se construya sobre:

1. La confrontación con el statu quo, situando en el centro la sostenibilidad de vidas dignas para la clase trabajadora, en su conjunto y con su diversidad.
2. El vínculo de necesidad entre las luchas de clase, feministas, ecologistas, antirracistas, internacionalistas y antimilitaristas.
3. Un horizonte que sitúe la explícita superación del orden hoy institucionalizado en torno al capitalismo.
4. Estrategias de transición ecosocial justa que, aquí y ahora, permitan avanzar en términos de desmercantilización, descorporativización, emancipación, protagonismo de lo común, ajuste del modelo social a los límites biofísicos, y redistribución radical de la riqueza y de todos los trabajos (productivos y reproductivos).

Unas estrategias de transición ecosocial justa definidas por las siguientes claves:

• La apuesta por una planificación democrática y vinculante, como herramienta indispensable para responder al interés y los derechos, tanto de la clase trabajadora como de la naturaleza.
• El protagonismo de la propiedad pública y comunitaria como única garantía de control colectivo y viabilidad del proceso.
• La participación popular como condición democrática,ante un reto político de época.
• La justicia global, dentro de un panorama crecientemente imperialista y neocolonial.
• El desarrollo de alternativas de todo tipo, frente a la hegemonía actual de los megaproyectos.
• La articulación entre movimientos populares y sindicatos de clase, en dinámicas conjuntas para crear redes a favor de la vida que sean la punta de lanza de la transformación ecosocialista.

Estas claves estratégicas, en última instancia, deberían atravesar y dotar de identidad al impulso de nuevas agendas ecosocialistas:

1. que pongan en el centro el cuidado de la vida, tanto de las personas, como de los ecosistemas;
2. que sitúen como horizonte el decrecimiento justo y asimétrico, la electrificación y el impulso de profundas transformaciones sociales, económicas y culturales;
3. que incidan en la disputa con la extrema derecha reaccionaria y negacionista, desde propuestas que transformen la materialidad de la vida de las y los trabajadores en beneficio de lo común;
4. que defiendan sin tapujos el “no a la guerra”, enfrentando la deriva militarista y sus estructuras principales, como la OTAN;
5. que apunten al desmantelamiento de la arquitectura de la impunidad corporativa, blindada hoy por tratados de comercio e inversión, y otras fórmulas de perpetuar los intereses de las empresas transnacionales;
6. que apuesten por una redistribución radical de la riqueza y de todos los trabajos;
7. que abunden en cambiar las matrices económico-energéticas, priorizando enfoques como la soberanía alimentaria, la economía feminista, la economía solidaria, etc., mediante la relocalización, la soberanía, la cohesión y el equilibrio territorial.
8. que avancen en la consideración de ámbitos sociales como vivienda, cuidados, educación y salud como derechos públicos, libres de mercantilización y, por tanto, ajenos a la dinámica capitalista.

Somos conscientes de que la actual agenda de las élites económicas y políticas, nos arrastra irremediablemente a un escenario caracterizado por un ecocidio y genocidio, de proporciones difícilmente predecibles, pero de terribles consecuencias, sobre todo para las personas y pueblos más vulnerables. La disyuntiva es clara: ecosocialismo feminista o barbarie. Apostemos entonces por defender la vida, la naturaleza y los derechos de la clase trabajadora, aquí y ahora, en todos los espacios y desde todos los ámbitos.

Gora Euskal Herriko langileria! Gora munduko langileria!