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Jorge Riechmann, el filósofo que puede ir a la cárcel por protestar contra la inacción climática. Se enfrenta a dos juicios

El poeta, matemático y profesor titular de universidad está acusado de resistencia a la autoridad, por un corte de calle en 2019, y de atentar contra el patrimonio histórico, por arrojar un líquido biodegradable en el Congreso en 2022

por Andrés Actis Fernández

 

El poeta, matemático y profesor de Filosofía Moral de la Autónoma de Madrid, Jorge Riechmann (63 años), ha separado de su biblioteca algunos libros por si le encarcelan. En la pila están Cartas desde la prisión, de Rosa Luxemburg, testimonio íntimo y político que la escritora polaca escribió entre 1915 y 1918, mientras estaba encarcelada en Alemania por su oposición al nazismo; y De Profundis, el texto más íntimo de Oscar Wilde, redactado desde la cárcel de Reading (Inglaterra), donde cumplió condena por su homosexualidad. “Si algún día entro en prisión, serán de mucha inspiración”, dice el catedrático mientras prepara su defensa para el primero de los juicios penales que tiene en su contra por su activismo climático. Está acusado de resistencia a la autoridad, por un corte de calle en 2019, y de atentar contra el patrimonio histórico, por arrojar un líquido biodegradable a las paredes del Congreso de los Diputados en 2022.

Sus abogados le han adelantado que si es condenado en ambos litigios -en el primero de los expedientes la Fiscalía pide 10 meses de prisión y en el segundo, 21- la pena, por acumulación de sentencias, podría ser de cárcel efectiva. En diálogo con La Vanguardia, Riechmann prefiere quitar dramatismo a este posible destino -«Es una posibilidad que uno asume cuando participa de acciones de desobediencia civil no violenta”, dice- y pide no desviar la atención del fondo de la cuestión, el motivo -la urgencia- que está impulsando a muchos científicos y profesores universitarios a dejar sus pizarras y laboratorios para salir a la calle a protestar: la inacción política contra el cambio climático, una “tragedia que va desplegándose” sin ninguna medida de calado para hacerle frente.

“Se supone que nuestras sociedades tienen que hacer algo con mucha urgencia y lo que estamos haciendo es una huida hacia adelante, sin afrontar realmente esta grave crisis ecosocial. Por lo tanto, está del todo justificado el tipo de protestas no violentas que distintos colectivos venimos realizando. Creo que tenemos la obligación moral y política de resistir, en la medida de nuestras fuerzas, frente a esta deriva ecocida”, explica sobre los motivos de su activismo.

Cuando el 7 de octubre de 2019, Riechmann y otros integrantes de la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y la organización Extinction Rebellion Spain cortaron el tráfico en el puente de la calle Joaquín Costa, en Nuevos Ministerios (Madrid), alertaban de un agravamiento de la crisis climática que, seis años más tarde, está ocurriendo: más calentamiento global -el planeta ha superado la línea roja de +1,5ºC en el promedio de los últimos tres años-, más límites planetarios sobrepasados -7 de 9, según la última revisión científica- y más eventos meteorológicos extremos, como la dana de Valencia o el tren de borrascas de las últimas semanas.

Ya en 1995, este profesor universitario escribió un artículo que tituló “Nuestra normalidad es la catástrofe”, en el que recopilaba toda la evidencia científica sobre los peligros extremos a los que se enfrentaba la humanidad por un capitalismo muy dependiente de los combustibles fósiles. “Treinta años después seguimos quemando petróleo y gas, seguimos con emisiones récord. ¿Cómo no vamos a salir a la calle a desobedecer de forma pacífica?», se pregunta.

Riechmann estaba citado para el 17 de marzo en el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, día de inicio del juicio por el corte del puente de Nuevos Ministerios. Esta semana, le notificaron que la audiencia se pospuso, por motivos de agenda, para el 26 de mayo. No estará solo. La misma acusación -resistencia grave a la autoridad- recae sobre los otros dos activistas que fueron detenidos aquel día, Marina Martínez y Francisco del Pozo.

“Toda nuestra ‘resistencia’ consistió en tratar de que la policía no nos lesionara al retirarnos del puente ocupado. Algunos compañeros y compañeras sí resultaron heridos, incluso con algún hueso roto”, recuerda el profesor. En la desobediencia civil pacífica participaron unos trescientos manifestantes. La conclusión de los organizadores es que las tres detenciones fueron “aleatorias, con afán de atemorizar”.

Riechmann se sentó sobre el asfalto. No se levantó cuando la policía dio la orden de desalojar la carretera. Resistió. “Estamos frente a un gran montaje policial. No puede haber prueba porque la acusación no es real. Lo que pasa es que en estos casos es, al final, la palabra de la policía. Llaman resistencia a la autoridad simplemente a intentar que no te hagan mucho daño al moverte”, se defiende.

El 6 de abril de 2022, el filósofo se sumó a la protesta que el colectivo Rebelión Científica organizó en el Congreso de los Diputados. Con batas blancas, cincuenta activistas se sentaron en las escalinatas para reclamar medidas frente al calentamiento global. Algunos de ellos, arrojaron pintura roja biodegradable -hecha a base de zumo de remolacha y cacao- contra la fachada de la puerta de los leones.

15 manifestantes fueron identificados y detenidos meses más tarde por personal policial. En este otro juicio, junto a Riechmann se sentarán la ambientóloga Marta García Pallarés y el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto, entre otras figuras del mundo científiico y académico. En un primer momento, la Fiscalía de Madrid incluyó una acusación por la interrupción de la sesión plenaria del Congreso.

Sin embargo, la por entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, declaró y negó que la protesta alterase el orden del día del Hemiciclo. El expediente judicial quedó caratulado de delito al patrimonio histórico, con un pedido de pena de 21 meses de cárcel para cada uno de los activistas climáticos.

“Esta segunda acusación tampoco es real. El líquido de color rojizo, que simulaba sangre, era biodegradable, fácilmente limpiable. Se confeccionó con con esas características para no dejar una mancha permanente”, aclara Riechmann. El auto de instrucción le da la razón a los denunciados: una limpieza con “agua a presión” por parte del Equipo Especial de Limpieza Urgente municipal de Madrid y la posterior intervención de un sistema de limpieza más sofisticado dejaron al inmueble sin ningún perjuicio patrimonial.

Este segundo juicio aún no tiene fecha. Riechmann asegura que, mientras pueda, seguirá protestando de forma pacífica por “la inacción frente a un peligro existencial”. “Puede ser necesario a veces afrontar un castigo para que las cosas cambien”, concluye sobre la posibilidad de entrar a prisión.

Más le preocupa la “persecución judicial” contra el activismo climático, que se ha intensificado en los últimos años con el aumento de las protestas. En diciembre, la Fiscalía de Granada pidió dos años de prisión a tres activistas del grupo ecologista Futuro Vegetal por bloquear un paso de peatones (delito de desórdenes públicos). “Acabar en la cárcel es uno de los motivos que me quitan el sueño y, a la vez, una posibilidad cada vez más certera”, revela Bilbo Bassaterra, cofundador de esta organización, quien también tiene varias causas abiertas por acciones de desobediencia civil.

En su defensa, Riechmann va a citar lo sucedido en Francia, en donde en un juicio similar -activistas acusados por encadenarse y bloquear el tráfico marítimo en un puerto en protesta a la construcción de una terminal de gas-, un magistrado absolvió a todos los imputados al entender que su acción ilícita se llevó a cabo para salvaguardar un interés superior: la protección de la vida ante los impactos climáticos derivados de las emisiones humanas.

La acción de desobediencia civil tuvo lugar en mayo de 2023. El juicio se celebró año y medio más tarde, en diciembre de 2024. Tras escuchar a las partes y analizar el caso, el juez del caso resolvió la absolución de los 16 acusados. Justificó su decisión en el “estado de necesidad”.

“Se trata de una figura del artículo 122-7 del Código Penal que puede ser definida como la situación en la que se encuentra una persona que frente a la posibilidad de que ella misma o un tercero sufra un daño más grave, decide realizar una acción contraria al ordenamiento jurídico, lesionando un bien o un derecho cuyo valor es menor”, explica Carlos Andrés Hecker Padilla, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Máster en Derecho por la Université de Bourgogne.

En la sentencia, el juez destacó que “Francia sufre las consecuencias del cambio climático provocado por la actividad humana” y que el país va camino de “no alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se había fijado”. Por tanto, “la realidad e inminencia del peligro [los impactos climáticos] están probadas”. Concluyó que “la obstrucción del tráfico parece haber sido necesaria para llamar la atención del público y de los medios de comunicación sobre la construcción de la nueva terminal de GNL en contradicción con el objetivo general de reducir el uso de combustibles fósiles”.

Inés Díez, responsable del área jurídica de Greenpeace, explica que en España nunca se ha aplicado el eximente del estado de necesidad. Por el momento, un solo tribunal, la Audiencia Provincial de Bizkaia, dictaminó una absolución al reconocer que el empleo de pintura lavable –dos activistas la arrojaron contra la entrada principal del Museo Guggenheim, en protesta por su proyecto de ampliación– no constituye un delito de daños.

Andrés Actis Fernández, periodista especializado en clima y medio ambiente