informe anual de CEAR (gracias a susana fernández)

El decimotercer Informe anual de CEAR examina la realidad de las personas refugiadas en el mundo, en la Unión Europea y, principalmente, en España. A fines de 2013, 51,2 millones de personas, la cifra más elevada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, vivían fuera de sus hogares a causa de la persecución, las guerras y las violaciones de los derechos humanos…

CEAR subraya la necesidad de desarrollar una nueva política de asilo y migración europea que tenga como prioridad esencial la protección de los derechos humanos, que garantice el acceso al derecho de asilo de las personas refugiadas a través de vías legales y seguras y que aborde las causas profundas que originan los desplazamientos forzados de población.

Ofrece propuestas contundentes y muy concretas, que dejan atrás la retórica habitual ante las sucesivas tragedias y ofrece soluciones para impedir que se repitan. Soluciones como la puesta en marcha de una campaña de rescate y salvamento eficaz para evitar la pérdida de nuevas vidas humanas en el Mediterráneo, el refuerzo de los programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar protección internacional en las misiones diplomáticas de los países de origen y tránsito, la concesión de visados humanitarios y la supresión de los visados para las personas que proceden de países en conflicto o la activación del mecanismo para hacer frente a emergencias humanitarias previsto en la Directiva de Protección Temporal.

El Informe también alerta sobre las especialmente duras consecuencias de la crisis económica en las personas solicitantes de asilo y refugiadas y también en las que finalmente han quedado sin protección internacional. Su situación de particular vulnerabilidad, derivada de la experiencia traumática que motivó su exilio, de la dureza de una travesía que en no pocos casos dura varios años, el desconocimiento del idioma, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo en un mercado laboral precarizado o para el reconocimiento de sus competencias profesionales y sus títulos académicos, tienen que motivar un esfuerzo mucho mayor de las administraciones públicas, con las partidas presupuestarias necesarias, para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por España.