Domingo, 31 de mayo de 2015
Wert se va pero nos deja, vía decretazo, la expansión del negocio privado en la Educación Superior, eliminando requisitos para abrir nuevas universidades privadas y la selección de los docentes universitarios potenciará el nepotismo universitario mediante un baremo de méritos subjetivo y discrecional.
La comunidad universitaria se sumó a la huelga que el pasado 24 de marzo se realizó contra los dos reales decretos ahora aprobados y el del 3+2 que ya entró en vigor, manifestando el rechazo a la política universitaria que viene aplicando el rodillo del PP en las postrimerías de su mandato, tratando de asegurar la privatización y mercantilización de la Educación Superior, antes de ser expulsados del gobierno.
El Área Federal de Educación de IU denuncia que el real decreto de creación y reconocimiento de universidades que prepara Wert lamina la labor de la Secretaría General de Universidades, del propio Ministerio de Educación, que no se cansa de emitir tajantes informes desfavorables sobre nuevas universidades privadas, dejando claro que no responden a uno de los tres motivos que la legislación actual establece para poder crearlas: demanda por razón de mayor población escolar, desarrollo de nuevas ramas por avances científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales. Por eso la creación de nuevas universidades privadas no tiene razón de ser ni responde a ninguna necesidad social, solo al ánimo de lucro y beneficio de sus accionistas. Sin embargo, el real decreto de creación y reconocimiento de universidades elimina esos requisitos para que no supongan trabas para seguir ampliando el negocio educativo u otros que supongan algún tipo de dificultad como el de que las universidades cubran con sus títulos las distintas ramas del conocimiento (Humanidades, Ciencias y Tecnología).
Además este decreto se produce en un contexto en el que desde 1997 las universidades privadas han proliferado en la geografía estatal de la mando del PSOE y del PP, pasando de 12 a 33, mientras no se ha abierto ni un solo campus público (manteniéndose los 50 que había desde entonces). El 26 de marzo de 2015 se aprobó la universidad privada «Universidad Internacional de Canarias», con sede en Las Palmas de Gran Canaria (BOE de 21 de abril de 2015). A estas 33 se suman nuevos proyectos, los dos más recientes en la Comunidad de Madrid, donde el número de privadas doblaría ya casi al de públicas (13 frente a 6). Sin embargo, en estos 17 años no ha variado sustancialmente el número de estudiantes universitarios, pero en contraste el número de universidades privadas no ha dejado de aumentar.
Izquierda Unida denuncia que la repetida frase por nuestras autoridades públicas “hay demasiadas universidades”, debería ser fiel a la verdad y afirmar “hay demasiadas universidades privadas”. Porque la última universidad pública se levantó hace tres lustros y, sin embargo, en ese tiempo, el número de privadas se ha multiplicado por dos hasta llegar a las 32 actuales.
El Área de Educación de IU denuncia además que, simultáneamente a todo lo anterior, el otro Real Decreto que modifica la acreditación del personal docente e investigador funcionario establecerá un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual, sin criterios claros y objetivos para medir los méritos y con un elevado grado de discrecionalidad que se traducirá en inseguridad jurídica pues dependerá de la afinidad o la interpretación de quien evalúe; continuará minusvalorando la actividad docente frente a la investigación y dificultará el acceso y promoción de los docentes en las universidades públicas.
Izquierda Unida denuncia que Wert, al igual que con toda la normativa que ha sacado en el ámbito educativo, rehúye la negociación con los interlocutores del profesorado, los sindicatos. El gobernar mediante decreto ley, algo que se establece como excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, parece ser la única forma como entiende el actual gobierno el debate, la negociación y el acuerdo. Imponiendo su ideología mediante ordeno y mando.
Así no es como se resuelven los problemas actuales del sistema de acreditación universitaria, del estatuto del personal investigador y docente, la carrera profesional o la estabilidad del profesorado. Así lo único que se consigue es incrementarlos y generar indefensión y mayor inseguridad en la comunidad universitaria.
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