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Por otra política educativa
Publicado el 27/10/2012
Un grupo de profesionales de la educación, la mayoría profesores y
profesoras de universidad, reunidos en Sevilla los días 26 y 27 de
octubre de 2012, preocupados por la situación del sistema educativo y
alarmados por la evolución de la política educativa, con objeto de
animar el debate y de generar un compromiso con la mejora declaramos:
EDUCACIÓN. En contra del sesgo economicista del anteproyecto de
LOMCE, el objetivo de la educación comprende el desarrollo humano y
la cohesión social. Mujeres y hombres deben poder formarse como
personas completas, ciudadanos responsables y trabajadores
cualificados. La sociedad precisa de la escuela para asegurar niveles
adecuados de bienestar, libertad, justicia y equidad.
DEBATE. Necesitamos un auténtico debate nacional que permita la
reconstrucción, en su caso la refundación, del sistema educativo
sobre la base de un amplio acuerdo social y no, tras la negativa a un
pacto de Estado, una ley revanchista e ideológica, sin diálogo con
la oposición ni con el mundo de la educación, apenas maquillada con
un nada fiable foro virtual.
ESCUELA PÚBLICA. La escuela es la columna vertebral de la
ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual,
y el gobierno emite alarmantes señales de desdén por la escuela
pública y apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de
las administraciones es articular un sistema público de educación
igualitario y efectivo con una gestión eficaz y eficiente del
subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el privado.
CALIDAD. No existe un consenso sobre la noción de calidad educativa.
Se está imponiendo una visión restringida a las calificaciones
obtenidas en exámenes y pruebas, internas y externas, de papel y
lápiz, basadas en una concepción factual y declarativa del
conocimiento que empobrece el sentido del aprendizaje y la educación.
Los resultados escolares entendidos así no son un indicador
sostenible de la calidad educativa.
FRACASO. El fracaso no es anónimo; tiene nombre, historia y cultura.
No se produce súbitamente. Es el resultado de un proceso que se puede
identificar y prever. Tiene que ver con el tipo de contenido,
descontextualizado y sin sentido, que se enseña y evalúa y con un
proceso de enseñanza y aprendizaje que no facilita ni promueve que el
alumnado establezca conexiones y elabore sus propios significados y
conocimientos.
SOLIDARIDAD. La respuesta al elevado fracaso escolar, y el
subsiguiente abandono, no debe ser naturalizarlo sino, por el
contrario, concentrar medios diferenciales y adicionales sobre grupos
e individuos en riesgo, es decir, perseguir los objetivos comunes con
medios cuantitativamente superiores y cualitativamente más adecuados.
Por contra, la ley acepta ese fracaso como inevitable y el gobierno
elimina los programas de educación compensatoria y atención a la
diversidad, abandonando a su suerte a los alumnos más vulnerables.
REPETICIÓN. Lejos de abordar el problema de la repetición de curso,
que España encabeza en Europa de forma exagerada, se ha mostrado
indiscutiblemente ineficaz, resulta económicamente costosa e
ineficiente y constituye una de las principales causas endógenas del
fracaso escolar, el gobierno parece querer ampliarla, sistematizarla y
convertirla en el determinante de la segregación temprana.
ITINERARIOS. Se adelanta la edad en la que se crean itinerarios de
hecho irreversibles. Se pretende segregar al alumnado desde 3º de
ESO, a los catorce años, reduciendo en dos el tronco común, y
convertir la primera orientación hacia la formación profesional en
una vía muerta, repitiendo así el error de la LOGSE, y se añaden
mecanismos que amenazan con adelantar la segregación al segundo
curso. La mayoría de países cuya comprensividad llega a los
dieciséis obtienen mejores resultados que los que segregan a edades
más tempranas. La segregación del alumnado con peores resultados se
traduce en una enseñanza de calidad inferior por efecto de una
profecía autocumplida.
EVALUACIÓN. En la educación obligatoria la evaluación debe tener un
claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de
aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente,
sancionadora y de control –como plantea el anteproyecto-, basada en
pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido
educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión.
La evaluación del sistema requiere una revisión a fondo para
garantizar que la sociedad y la comunidad escolar dispongan de
información relevante, a través de procesos transparentes y
democráticos.
RECURSOS. Sin entrar en sus causas, sabemos que los efectos
individuales y colectivos de la crisis se concentran en las personas y
países con menor nivel de formación. Sabemos que la economía que
resurja de ella y los nuevos empleos no serán los mismos, sino que
requerirán una fuerza de trabajo más cualificada. Por ello es
esencial, precisamente en tiempos de crisis, un esfuerzo cuantitativo
y cualitativo en educación.
AJUSTES. Conscientes de que es más necesario que nunca mejorar la
eficacia y la eficiencia en el empleo de los recursos, entendemos que
hay margen para mejorar el trabajo de los educadores. Hoy es más
importante el esfuerzo de todos, incluida la colaboración entre las
administraciones y el profesorado, con más y mejor aportación
presupuestaria y profesional, así como una reorganización flexible
de los centros. Pero no se puede confundir una política de
racionalización y modernización con una de recortes indiscriminados.
SERVICIOS. Los gobiernos central y autonómicos están recortando
partidas que consideran no esenciales: comedores, rutas, libros de
texto, actividades extraescolares o la jornada escolar misma. Sin
embargo, en medio de esta crisis y sabiendo cómo afectan al
desempeño escolar las condiciones de vida, la opción debe ser la
opuesta: asegurar la gratuidad de transporte, comedor y material
escolar, así como evitar la intensificación de la jornada escolar y
propiciar un horario de apertura más amplio.
CIUDADANÍA. La ciudadanía requiere acceder a conocimientos y
desarrollar actitudes acordes con el carácter liberal, democrático y
social de nuestro Estado de derecho. Es decir, que propicien el
respeto a la ley y las normas de convivencia, la aceptación de otras
opciones y formas de vida admitidas por la Constitución y las leyes,
un compromiso participativo con la democracia, y la cohesión y la
solidaridad sociales. Esto exige un consenso sobre ideas y valores
compartidos y tolerancia activa hacia otros no compartidos.
SEGREGACIÓN. La LOMCE avala la segregación por sexos en centros
concertados, hoy fundamentalmente centros promovidos por
organizaciones ultraconservadoras. La escolarización conjunta
proporciona una socialización positiva e irrenunciable en una
sociedad todavía marcada por la desigualdad de género.
CCAA. Leyes y políticas deben respetar el ámbito competencial de las
comunidades autónomas, en vez de utilizarse como instrumentos de
centralización, uniformización y control burocrático. Esto no es
óbice para reclamar transparencia, movilidad, coordinación y
coherencia en todo el ámbito del estado.
AUTONOMÍA. Es necesario responder a las necesidades de la comunidad
con autonomía curricular, organizativa y de recursos. La autonomía
no debe dirigirse a la rivalidad entre centros, sino al
aprovechamiento diferencial de los recursos. Requiere un proceso de
responsabilización social, lo opuesto a la merma de la participación
que supondría la conversión de los consejos escolares en meros
órganos consultivos.
TRANSPARENCIA. El sistema resulta en muchos aspectos opaco para los
profesionales, la comunidad escolar y la sociedad. Se precisa
potenciar al máximo la transparencia, permitiendo el acceso a la
información sin otra restricción que el respeto a la propia imagen y
la intimidad. Hay que desarrollar indicadores fiables del desempeño
docente, el funcionamiento de los centros, la implementación de
proyectos, los resultados de programas y políticas y el estado
general del sistema, pero sin distorsionar con ellos los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
PARTICIPACIÓN. La participación es un derecho de las personas y un
principio constitucional. Debe reforzarse como forma de pertenencia,
motivación, concienciación, formación y corresponsabilidad social.
Resulta imprescindible potenciar la libertad de pensamiento y de
expresión del alumnado, así como su autoorganización y
participación en la vida del centro. La participación exige poder de
decisión. lo opuesto al control autoritario. Nos preocupan signos
evidentes de empobrecerla y recortarla presentes en el texto de la
LOMCE.
DIRECCIÓN. Se ha de acentuar el carácter pedagógico de la
dirección (coordinación, innovación…) frente a la visión
gerencial del anteproyecto. La dirección ha de garantizar el
ejercicio de deberes y derechos de la comunidad y la elaboración,
desarrollo y evaluación del proyecto educativo de centro, y no debe
ser un mero representante de la Administración o del claustro
docente. Un liderazgo compartido es más coherente con el carácter de
la escuela.
PROFESORADO. El sistema educativo se funda en la confianza en el
docente y su capacidad profesional. Por ello merece apoyo y
reconocimiento en el ejercicio de su función, más en momentos de
cambio social e incertidumbre. Debe tener un compromiso claro con sus
alumnos, su centro y la educación misma, y una actitud cooperativa
con las familias y la comunidad. Las actuales condiciones y propuestas
legislativas derivan competencias a otros agentes, expropiando
aspectos centrales de su labor. Es fundamental mejorar formación,
selección, desarrollo profesional y evaluación.
Esperamos que esta declaración contribuya a impulsar la reflexión y el
diálogo así como un compromiso generador de esperanza y de optimismo.
Nada puede ser peor que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección
equivocada.
Sevilla, a 27 de octubre de 2012
