Firmé este posicionamiento:
Posicionamiento de universitarios frente a la intervención militar en Venezuela y sus implicaciones jurídicas internacionales
A la opinión pública, a las comunidades universitarias de América Latina, a los organismos internacionales y a los gobiernos de la región:
En la universidad sabemos que el silencio educa: acostumbra a la fuerza. Por eso hoy alzamos la voz.
El 3 de enero de 2026, medios internacionales informaron que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladaron a territorio estadounidense para procesarlo. Más allá de simpatías o repulsas, el hecho instala algo peligroso: la normalización de la “extracción” militar de un jefe de Estado.
Decirlo claro no equivale a absolver a nadie. La crítica a Maduro, a su gobierno, a sus abusos, debe hacerse con rigor. Pero sustituir la rendición de cuentas por la lógica de la captura es inadmisible. Sin autorización multilateral, estas acciones erosionan el piso mínimo de convivencia entre naciones: la soberanía, el debido proceso y los límites al uso de la fuerza.
La operación se ha defendido como “aplicación de la ley” desde la administración de Donald Trump. El mensaje se vuelve aún más grave cuando se anuncia que Washington pretende “administrar” Venezuela, como si la autodeterminación de los pueblos fuera una concesión revocable.
Este hecho no es aislado. El propio Trump ha amenazado a México, ha insinuado ampliar su foco hacia Cuba y Colombia, y ha insistido en la anexión de Groenlandia como si la integridad territorial fuera negociable. Se trata de una lógica de poder que reduce el derecho internacional a obstáculo y presenta la fuerza como solución.
Por eso, desde esta Comunidad Universitaria, sostenemos:
- Condenamos la captura y extracción forzada de Nicolás Maduro como una práctica de fuerza que sienta un precedente peligroso para la región y para el orden internacional.
- Rechazamos que las disputas políticas se “resuelvan” mediante operaciones militares y no a través de mecanismos multilaterales, diplomáticos y jurídicos legítimos.
- Exigimos a la ONU, a la OEA y a los gobiernos que pasen de los comunicados a las acciones verificables para frenar la escalada, reafirmar la Carta de la ONU y evitar cualquier pretensión de “administrar” a otra nación por la fuerza.
- Llamamos a los gobiernos latinoamericanos, con sus diferencias ideológicas incluidas, a construir una respuesta común. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier país que incomode.
- Defendemos una idea simple: si creemos en la democracia y en el derecho internacional, deben valer también cuando es incómodo, cuando el acusado es impopular y cuando el poderoso presume que puede hacer lo que sea.
No escribimos para alimentar bandos, sino para poner un freno. Una región sin límites compartidos se convierte en un tablero de castigos donde casi siempre pierden los mismos. La universidad no es un cuartel ni un coro obediente: es el espacio donde el pensamiento se vuelve responsabilidad pública.
Por ello, llamamos a respetar la democracia, el derecho internacional y la soberanía de las naciones como principios irrenunciables, no como discursos de ocasión. Defenderlos hoy no es un gesto simbólico: es una condición mínima para evitar que la fuerza sustituya al derecho y que la arbitrariedad se normalice.
Invitamos a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a suscribir este pronunciamiento y a exigir una respuesta regional firme, ética y colectiva.
Porque callar no es neutralidad: es permiso.