un país de primera clase, y uno de tercera

En 1916 Lev Trotski llegó a España. En su estancia en nuestro país vivió diversas peripecias, incluyendo una breve estancia en la Cárcel Modelo de Madrid. Allí se dio cuenta de que la sociedad de clases se manifestaba incluso dentro de los muros de una prisión: las celdas gratuitas eran inmundas, pero había también celdas de pago que ofrecían ciertas comodidades. En Mi vida cuenta: «Una celda de primera costaba peseta y media, y siendo de segunda, 75 céntimos al día. (…) No podía negarse que la organización era lógica. ¿Por qué ha de reinar la igualdad en las cárceles de una sociedad cuyo fundamento es la desigualdad en todas las cosas? (…) Los moradores de las celdas caras podían pasear dos veces al día, una hora cada vez, mientras que los demás sólo tenían media hora de paseo. También aquello era lógico. Los pulmones de un estafador, por ejemplo, que puede pagar peseta y media al día, tienen derecho a una ración de aire mayor que los del huelguista que respira gratis.» (Eds. Giner, Madrid 1978, p. 276)

Hacia eso volvemos, a pasos agigantados. Prisiones de primera, de segunda y de tercera; sanidad de primera, de segunda y de tercera; educación de primera, de segunda y de tercera. Se aplican políticas que, meridianamente, buscan degradar los servicios públicos para abrir espacios de negocio privado -cuando no se acude directamente a la privatización. Agotado el sueño de una España democrática, se diría que regresamos a la turbia y dura realidad de una España oligárquica, desigual y clasista que en realidad nunca dejó de existir: simplemente retrocedió un poco.

La reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, en el verano de 2011 (ya saben, para introducir esa crucial nueva norma según la cual “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”), marca simbólicamente el punto de ruptura. Esa reforma de la intocable Constitución nacida de la Inmaculada Transición venía a decir: los pactos anteriores no sirven, las elites económico-políticas los rompemos unilateralmente. Cualquier idea de “sociedad decente” y de justicia distributiva queda cancelada. La crisis económica que empezó en 2007 la han originado los especuladores y los rentistas, pero la pagarán las trabajadoras y trabajadores.

Y es la irresponsabilidad de las elites, y la indiferencia de las mayorías, la que está permitiendo esa terrible deriva… ¿De verdad vamos a tolerar semejante regresión?