Unidad de Víctimas avanza en el proceso, luego de declarar a la institución víctima de Mancuso.
Han pasado más de 13 años desde que la Universidad de Córdoba [en Colombia] fue controlada por los paramilitares del bloque Catatumbo de las Auc.
La institución se convirtió en el fortín paramilitar desde el que Salvatore Mancuso impulsó su proyecto ilegal para dominar la política de la región, acallar opositores y asesinar a sindicales y estudiantes. Y aunque hace cinco años el jefe paramilitar fue extraditado a EE. UU., la universidad sigue funcionando con los estatutos impuestos por él.
Por eso, el 11 de abril pasado, el centro educativo, ubicado en Montería, inició un histórico proceso de reparación colectiva de la mano de la Unidad de Víctimas del Gobierno. En este caso será diferente a todas las reparaciones: la universidad fue declara víctima, y el objetivo para sanar el daño paramilitar es eliminar las reglas fijadas por las Auc. Una de ellas, por ejemplo, son los requisitos para elegir rector. Mancuso no estaba de acuerdo con que los profesores y estudiantes intervinieran en una votación abierta y ordenó que la selección la hicieran los nueve miembros del Consejo Superior sin votación previa.
La justicia ha hallado culpables a varios exrectores. Uno de ellos es Víctor Hugo Hernández, quien está prófugo y tiene una condena de 35 años de cárcel por presuntamente haber ayudado a ‘paras’ en el crimen de un profesor líder sindical. “Una de las medidas de reparación deberá ser que nuestra universidad tenga una mejor normatividad para que la comunidad pueda participar en decisiones importantes”, dice Alba Durango, quien a finales del 2012 fue elegida rectora tras excepción en la norma.
Otra de las misiones será levantar el déficit financiero, pues la universidad fue saqueada en beneficio de funcionarios cuota de los ‘paras’. “Encontramos en noviembre un déficit de 22.000 millones de pesos. Hoy ha disminuido a 11.000”, dice.
Los trabajadores de la institución, que también fueron reconocidos como víctimas, han pedido además al Gobierno que les reconozcan los derechos que Mancuso les quitó por el simple hecho de pertenecer a sindicatos como Sintraunicol. Este fue uno de los más radicales frente a las órdenes de Mancuso; tenía 280 afiliados y perdió casi la mitad en la época de control ‘para’.
Aseguran que entre el 2002 y 2008, sus derechos a la pensión, a prestaciones sociales y aumentos salariales les fueron suspendidos.
“Desde el 2000 la nueva administración no quería saber nada de jubilados. Nos exiliaron. Demandaron las mesadas pensionales, y ese proceso lleva más de siete años”, cuenta Serafín Velásquez, coordinador del Colectivo de Víctimas de la Universidad de Córdoba.
Los trabajadores también piden una depuración de los funcionarios que, dicen, “fueron complacientes con el paramilitarismo”.
MILENA SARRALDE
Redacción Justicia
